En la campaña electoral de las elecciones generales del año 2015 cuando numerosas encuestas y sondeos auguraban un giro político en España caracterizado por el fin del bipartidismo, Ciudadanos, partido político que por primera vez optaba a ostentar la presidencia del gobierno, consideraba que “no existía democracia verdadera sin un poder judicial independiente que garantice nuestros derechos individuales y sociales frente al poder progresivamente exorbitante del ejecutivo”.
Posteriormente, han sido numerosas las ocasiones en las que la formación naranja ha reiterado la necesidad de garantizar de forma plena la independencia del Poder Judicial del resto de poderes. Tanto es así, que en una entrevista concedida por el que fuera líder de esta formación, Albert Rivera, a Europa Press en mayo de 2017 reflexionaba lo siguiente: “Montesquieu, que ideó la teoría de la separación de poderes no ha muerto. Lo tienen secuestrado el PP y el PSOE, el bipartidismo, pero sabemos donde está, vamos hacia allí y le vamos a volver a dar la libertad”.
Y es que como todos sabemos la Constitución española de 1978, contempla la existencia de separación de poderes, entre los que se encuentran: legislativo (elabora las leyes: Congreso y Senado), ejecutivo (dirige la política interior y exterior) y judicial (juzga y aplica las leyes). Sin embargo, cabe destacar que la separación o independencia de poderes del Estado español se caracteriza por ser funcional y no plena, todo ello debido a que tanto el poder ejecutivo como el judicial dependen a su vez del poder legislativo, en tanto en cuanto la ciudadanía mediante sufragio universal elige a los representantes del mismo, los cuales tienen la función y la potestad para elegir a los representantes del resto de poderes.
En ese sentido, si estudiamos la pirámide estructural del Poder Judicial observamos una dependencia clara del poder político y del poder legislativo, ya que incluso la composición de los Juzgados de Paz que constituyen la base del Poder Judicial español está sujeta a las decisiones y acuerdos de los plenos de los Ayuntamientos tal y como recoge el art. 99 y ss. de la LOPJ.
Por tanto, podemos deducir que el Poder Judicial español es “dependiente” en cierto modo del resto de poderes del Estado.
Ahora bien, ¿es posible alcanzar la “autonomía” de dicho poder?
La formación naranja que desde su entrada en la política nacional ha defendido la separación de poderes, en el año 2020 presentó una proposición de ley con el fin de modificar la LOPJ y con ello la elección de los componentes del mismo. A pesar de ello, esa propuesta solo obtuvo el respaldo de 152 diputados, lo que provocó que la misma no saliera adelante.
Entre los votos a favor de dicha proposición se encuentran los del partido Popular, algo que resulta meramente curioso, ya que el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, el CGPJ, se encuentra en funciones desde el pasado año 2018. A este respecto, cabe destacar que, desde las elecciones generales del año 2019, el PSOE y el PP, suman 3/5 del Congreso de los Diputados, lo que supone la cifra necesaria para llevar a cabo la renovación de este órgano.
En las últimas semanas estamos contemplando un auténtico “teatro” por parte del PP y su líder Pablo Casado, ya que cualquier excusa es válida para bloquear la negociación acerca de la elección de los nuevos componentes del CGPJ. Pero no resulta tan extraño que el señor Casado apoyara la proposición de C´s, ya que ahora exige la existencia de jueces y magistrados independientes. Pero lo cierto, es que, en el debate de investidura del año 2016, el señor Rivera, entonces líder del partido naranja presumía de haber llegado a un acuerdo de gobierno con el Partido Popular, que más allá de permitir la continuidad de Mariano Rajoy al frente del ejecutivo nacional, garantizaba y reafirmaba la independencia judicial.
Si bien es cierto que aquel gobierno no perduró más de 20 meses, cabría preguntarse si Montesquieu era tan relevante en el modelo de Estado del jurista y político Albert Rivera. Todo esto se explica porque las promesas y reivindicaciones de Ciudadanos a lo largo de dos campañas electorales en cuanto a la separación de poderes se refiere se vio plasmada en algunos de los puntos del acuerdo con el PP, pero concretamente en uno de ellos, la modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal, pero para desgracia de la política española, Rivera se olvidó de lo que había firmado, ya que en más de 1 año de gobierno del PP, jamás exigió lo que en campaña consideraba tan relevante y urgente cambiar.
En la actualidad, nos encontramos con un partido liberal y de “centro” prácticamente desaparecido que jamás exigió lo firmado con el PP, y un bipartidismo reforzado y enfrentado incapaz de ponerse de acuerdo y paralizando, a su vez, diferentes asuntos legislativos y judiciales. A priori, C´s podría parecer el culpable de esta situación, pero y ¿el PP?, también firmó ese acuerdo de gobierno y nunca lo cumplió. Ahora, años más tarde y estando en la oposición se niegan incluso a negociar una nueva ley de Enjuiciamiento Criminal mientras que Dolores Delgado siga siendo la fiscal general del Estado, por el hecho de ser socialista. De esa misma forma se oponen a acordar la renovación del CGPJ (en el cual tienen mayoría), reclamando asimismo la independencia judicial.
Con respecto a la independencia de jueces y magistrados cabe señalar que, en el año 1978, el entonces presidente del gobierno de España, Adolfo Suárez, pronunció la siguiente frase: “Hay que cambiar las cañerías sin cortar el agua”, haciendo alusión a que la llegada de la democracia y con ella, el nuevo marco jurídico, no podían acabar de manera radical con el sistema anterior.
En relación con lo expuesto previamente, se puede explicar el hecho de que la CE no contemplara la plena separación de poderes. Sin embargo, ello no es óbice para que 43 años después la garantía y reafirmación de la separación de poderes en nuestro país se pueda alcanzar a través de la reforma de algunos artículos de la CE, así como a través de la modificación de numerosas leyes como la LOPJ, la cual requiere la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados según establece el art. 81 de la norma suprema del ordenamiento jurídico.
Aun así, los intereses partidistas y políticos de los diferentes gobiernos que han existido en democracia, así como la inacción e incumplimiento de otros, y sirviéndose de la legislación vigente han derivado en un Poder Judicial cada vez más politizado.
Pero la realidad es que, según el sistema jurídico establecido, mientras que no exista predisposición real y no populista para cambiar el sistema jurídico y garantizar una independencia real, por parte del Poder Ejecutivo, seguirán sucediéndose disputas y bloqueos entre los diferentes partidos políticos interrumpiendo así el funcionamiento normal u ordinario de los diferentes órganos jurisdiccionales.
