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Rechazo al anteproyecto de Ley de reforma de la Administración Local

CÓRDOBA.     

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha considerado que, al amparo de los principios impuestos por la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, el proyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local vulnera en varios de sus preceptos la autonomía local de las entidades municipales, principio consagrado en la Constitución y en la Carta Europea de Autonomía Local, colocando a las mismas, especialmente a los municipios de menor población, como meros entes administrativos.

El secretario General de la mencionada federación, Luis Mena, ha señalado que la aprobación de esta reforma de los ayuntamientos y empresas municipales implica una pérdida de autonomía de los entes locales, lo que significará un retroceso en materia de servicios públicos para la ciudadanía, así como de derechos y condiciones laborales de los más de 10.000 empleados y empleadas públicos de la Administración local cordobesa. Por tanto, “este contexto llevaría a una pérdida de empleo en la Administración pública, con más recortes de servicios públicos y una presión sobre las condiciones de trabajo”, ha recalcado Mena.

Para CCOO, el anteproyecto no prevé ninguna mejora en la financiación de las haciendas locales, la gran asignatura pendiente del modelo territorial. Al contrario, el objetivo final del gobierno del Estado es recentralizar y controlar al máximo los municipios, limitando la capacidad de acción de los mismos, convirtiéndolos en meros ejecutores de la voluntad del gobierno de la nación, ha indicado la central sindical.

Mena, ha reiterado la necesidad de clarificar y delimitar el ámbito competencial local, evitando duplicidades y buscando una solución al ejercicio de las competencias locales. Esta clarificación competencial deberá venir acompañada necesariamente de un nuevo modelo de financiación local, ya que sin una adecuada financiación será imposible la prestación adecuada de los servicios públicos locales.

Para CCOO todos los municipios, al margen de cuál sea su población y características, deben de tener un mínimo competencial propio que puedan ejercer al amparo del derecho a la autonomía local consagrado en la vigente Constitución, y bajo su propia responsabilidad, como expresamente señala la Carta Europea de Autonomía Local. Lo contrario sería tanto como admitir la existencia de municipios sin administración.

Según el sindicato, la futura ampliación o modificación del ámbito competencial local debería partir del documento elaborado por una mesa de diálogo en la que los agentes sociales y políticos consensuen un documento para reorientar la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que debe pasar por impulsar una política de servicios que estén próximos a la ciudadanía.

Asimismo, CCOO manifiesta su rechazo a la fijación con carácter global, y por imposición legal, de un reglamento del Estado de los denominados “costes estándares de los servicios municipales”. Para el sindicato con ello se pretende que la Administración central intervenga directamente en decisiones de ámbito exclusivamente local, ejerciendo un inadmisible control político externo sobre los municipios y vulnerando además el derecho a la negociación colectiva.

Así, la organización sindical ha expresado su oposición a las nuevas previsiones de intervenir los municipios menores de 5.000 habitantes contenidas en el nuevo artículo 61 bis del anteproyecto de ley y rehúsa que la iniciativa pública local en el desarrollo de actividades económicas se someta a un injustificable e inadmisible control por parte de la comunidad autónoma, de quién va a depender su aprobación definitiva. En opinión de CCOO, lo que pretende la ley es la eliminación gradual de la iniciativa económica de las entidades locales, dando a entender que, en todo caso, la gestión privada de un servicio va a resultar necesariamente más eficiente y eficaz que la gestión pública, iniciando “un camino a la privatización de los servicios municipales” que prestan los ayuntamientos y diputaciones provinciales a la ciudadanía, ha apostillado Mena.

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