CÓRDOBA.    

• Jurado: “Mantiene a 98 administrativos de distintos centros escolares de Córdoba sin incorporarse al trabajo, a diferencia de todas las provincias menos Cádiz ”

• “Se refleja la política cortoplacista de la Junta de Andalucía, cuyos dirigentes están más centrados en movimientos de sillones que en ejercer su responsabilidad”

La vicesecretaria general del Partido Popular de Córdoba, Beatriz Jurado, ha reprochado hoy a la delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba que siga “dejando a Córdoba discriminada”. Esta vez, desde el PP de Córdoba se reprocha a Manuela Gómez que mantenga a 98 administrativos de distintos centros escolares de Córdoba sin incorporarse al trabajo. “Córdoba es la única provincia, junto a Cádiz, en la que estos trabajadores no saben cuándo se incorporarán al trabajo ni en qué condiciones”.

Tras mantener una reunión con los afectados Jurado ha denunciado “la incapacidad política de la Delegada de Educación de la Junta en Córdoba” y ha afirmado que esta situación refleja “la política cortoplacista de la Junta de Andalucía, cuyos dirigentes están más centrados en movimientos de sillones que en ejercer su responsabilidad”.

La Vicesecretaria General del PP Córdoba ha exigido a Gómez “una respuesta inmediata y que de la cara ante los trabajadores y centros escolares afectados”. Además, el PP Córdoba formalizará esta petición de solucionar cuanto ates esta situación de intranquilidad a través del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Córdoba y el Parlamento de Andalucía.

Vanessa Carrasco, Portavoz de los administrativos afectados, ha definido como “lamentable la situación que viven 98 trabajadores de la Junta de Andalucía”. “Mientras en seis provincias andaluzas nuestros compañeros se reincorporaron el día 2 de septiembre nosotros no sabemos si continuaremos”. Carrasco insta a Manuela Gómez a “dar la cara y dejar de discriminar a Córdoba porque llevamos así desde 2006”.

La figura de los administrativos se creó por parte de la Junta de Andalucía tras requerir a los centros educativos más labores administrativas. Sin embargo, Carrasco denuncia que la propia Junta de Andalucía no ha dado regularidad ni garantía a trabajadores y centros.