La corrupción de la clase política y el auge del populismo han sido los principales motivos de rechazo de la sociedad civil a la política en la mayoría de los países europeos y, por ende, en España.

Tanto es así que, ante la falta de acción y capacidad para hacer frente a los problemas existentes, en numerosos sectores de nuestra sociedad se ha llegado a plantear el debate sobre el salario de nuestros políticos, llegándose a afirmar por parte del ciudadano de a pie que un político en la oposición no debería recibir sueldo alguno.

Sin embargo, esta última premisa resulta un tanto utópica, ya que, si enfocamos el asunto a escala nacional, sería necesario reformar el art. 157 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para impedir que cualquier Diputado o Senador tuviera derecho a ello, así como el art.8 del Reglamento del Congreso de los Diputados que reconoce determinados privilegios.

Un hecho similar al anterior es el que se produce en la escala municipal o local donde el sueldo máximo a percibir aparece contemplado en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local siendo el salario proporcional al número de habitantes existentes en cada municipio o localidad.

Partiendo de estos argumentos jurídicos, pasemos a analizar el caso egabrense.

En el día de ayer, la ciudadanía egabrense tenía la oportunidad de saber que el señor alcalde de la localidad, Fernando Priego, proponía aumentar la dedicación y sueldo de tres de sus concejalas en detrimento de la retribución percibida por una de ellas.

Este hecho ha sido objeto de numerosas críticas entre la población egabrense haciendo uso de argumentos referentes a la “excesiva” cantidad de dinero que recibirán estas tres delegadas del gobierno local. Pero si atendemos al ámbito jurídico y a lo que dicta la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, ese no es argumento de peso para tachar de “inmoral” o “injusta” la propuesta del líder popular egabrense, ya que se ajusta a los baremos correctos, y, por tanto, a la legalidad.

Ahora bien, existen otros argumentos de carácter importante para que la sociedad egabrense reaccione e inste a la oposición a votar en contra de dicha proposición.

En primer lugar, si nos centramos en la señora Alguacil, delegada de Nuevas Tecnologías y Juventud, podemos destacar el incumplimiento del art. 10.3 de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía o Ley 1/2014 de 24 de junio, el cual establece que las entidades locales de Andalucía publicarán, además, la información cuya publicidad viene establecida en la Ley 5/2010, de 11 de junio, así como “las actas de las sesiones plenarias”. Teniendo en cuenta esto último, cabe recordar que la inacción de la señora Alguacil durante más de 6 meses concretamente desde el 31 de mayo de 2021 hasta finales del mes de noviembre de 2021, ha llevado consigo la imposibilidad de la ciudadanía egabrense de ejercer el derecho de acceso a la información pública recogido en el art. 105 b) de la Constitución Española. No obstante, la publicación de las mismas incluye hasta el mes de octubre, no estando disponibles las actas del mes de noviembre. ¿Vuelve la inacción de esta delegada?

Por otro lado, la propuesta número 61 de su programa electoral consistía en la Creación de una Escuela Juvenil de Debate. Tras preguntar el PSOE en las sesiones plenarias de abril y mayo, la señora Alguacil no dio respuesta a la misma. ¿Acaso no la van a crear incumpliendo de esa forma su programa electoral? En cualquier caso, la señora Alguacil incumplió doblemente el art. 97.7 del R.O.F, (Reglamento de Organización, Funcionamiento Régimen Jurídico de las Entidades Locales), el cual establece que las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.

Con respecto a la señora Cuevas, candidata a aumentar su sueldo y delegada de Participación Ciudadana y Parques y Jardines, cabe destacar varias cosas. Si atendemos a las redes sociales del señor alcalde en las que publica fotografías reunido con representantes de diferentes colectivos de nuestra localidad, la popular Cuevas no aparece en ninguna de ellas. Probablemente, el señor alcalde califique esta afirmación con algún adjetivo propio de los populares, y afirme que la señora Cuevas hace su trabajo, pero a los hechos y fotografías me remito.

Además, al igual que su compañera Alguacil incumple el art. 97.7 del R.O.F. cada vez que algún edil de la oposición les realiza una pregunta referente a sus delegaciones.

En función de todo lo anterior, y teniendo en cuenta que elecciones tras elecciones el PP egabrense se jacta de ser gran defensor y gestor del dinero de las arcas municipales, procedente del bolsillo de los egabrenses, ¿debe subir el sueldo a dos concejalas que incumplen la ley y en ocasiones se abstienen de sus obligaciones?

A pesar del descontento de una parte de la ciudadanía la realidad es que el voto de los 14 ediles del PP hará posible lo que ya empieza a ser una realidad. Sin embargo, desde mi punto de vista los grupos políticos de la oposición deberían revelarse contra esta propuesta “indecente”, “injusta” e “inmoral” del señor Priego, demostrando que las actuaciones tienen sus consecuencias y la mala política no merece ni un euro adicional del bolsillo de la ciudadanía. Y, por ende, llevar a cabo un seguimiento continuo de las actuaciones llevadas a cabo por estas delegadas en lo que resta de legislatura.