Se ha convertido en la obsesión de todos los partidos políticos. Lo consideran una necesidad, tras treinta y siete años de vigencia. Unos retoques, puesta a punto, para corregir los desgastes del uso, los defectos de configuración o las carencias o excesos auspiciados por la práctica. Esto para algunos. Para otros, nos hallamos ante una actividad de enjundia, un proyecto de profundo calado, que marcará una nueva etapa en nuestra joven democracia, la cual, con esos casi cuarenta tacos, ya se asienta en la primera madurez, primavera tardía que todavía disfruta de cierta floración. Que está abierta a novedades, atraída por las experiencias de la curiosidad.

            Soy el primero en adherirme a las propuestas de reforma constitucional, siendo más partidario de aquellos retoques que de los ataques extremos. Retoques en la parte orgánica, la cual plasma la estructura del Estado, con la regulación de los órganos de cada uno de sus Poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial). En varias ocasiones he abogado por la supresión del Senado y de las Diputaciones Provinciales, allí donde no sean precisas. Aunque también limitaría temporalmente todos los cargos de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y los consideraría (los cargos) incompatibles entre sí, de manera que, por ejemplo, un ministro no pudiera ser diputado al tiempo, pues, si el Legislativo controla al Ejecutivo, o debate y vota sus proyectos legislativos, se cae en la chanza de que el Gobierno se controla a sí mismo, y vota sus propios proyectos.

            Pero, puestos a pringarnos en una reforma constitucional, comprendo a quienes claman por un cuasi borrón y reescritura. A todos estos arrojados, hijos de un sistema contaminado por la corrupción, la desfachatez y la desmemoria, les dedico algunas ideas para la parte dogmática (que se centra en los principios —políticos, territoriales, sociales y económicos—, los derechos fundamentales, los deberes y las garantías), conformes con nuestro presente contexto, y con garantizados visos de larga permanencia, al objeto de que puedan ser tomadas en consideración por la Comisión de Reforma Constitucional, u organismo equivalente que nos inventemos.

            Empezaría eliminando del artículo 1 la referencia «Estado social», conservando, por mera cortesía internacional, vayan a asustarse los guiris y se hunda el motor económico del país, lo de «democrático». Total, está claro que intenciones de tener presente eso de «social», no las hay. Y cuidado con el detalle, puesto que, por efecto dominó, la caída de la palabra del próximo texto constitucional, provocaría la de los artículos 7, 28 y 37, de los sindicatos, la huelga y la negociación colectiva; la del 27, del derecho a la educación; la del 35, del derecho al trabajo, con lo de la promoción, la remuneración suficiente, la no discriminación y demás memeces de piojosos perroflautas; del 39 al 52, en la parte social (protección de la familia, pleno empleo, formación profesional, seguridad e higiene en el trabajo, limitación de la jornada, vacaciones retribuidas, Seguridad Social, protección de los trabajadores en el extranjero, protección de la salud y sanidad, de los discapacitados, pensiones y defensa de consumidores y usuarios)… Y no me negará el ahorro. Como lo de la expropiación mola mucho, mantendría el principio de función social de la propiedad privada, por si acaso. Mención especial lo de «vivienda digna y adecuada». Considero que convendría suplirla por algo más abstracto como «techo», y así evitaríamos los matices personales de la adecuación residencial. Basta con que la chusma no se pusiera a llorar, con los niños en brazos, delante del alcalde. Algo que cubriese de la lluvia y el sol, sería suficiente. Está claro, además, que, eso de constitucionalizar el uso del suelo para impedir su especulación, sólo ha acarreado ingentes gastos en procedimientos judiciales. Lo suprimiría, y que cada cual pillara lo que pudiera. Y es que tales reformas sobre domicilio, vivienda y residencia es materia que da mucho juego. Por ejemplo, lo de la inviolabilidad daría para menos puntillosidades; la elección de residencia, para quebrar la libertad en aras de un «donde se pueda», muy castizo y llano; y apoyaría las plusvalías (impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos) con la coletilla «aun cuando el suelo pierda su valor durante años». Tachando con sibilina chapucería el vocablo «Derecho» del 1 (cualquier bolígrafo nos valdría), lo de la sujeción e igualdad ante la ley del 9 y el 14, se concretaría por la renta individual, excluyendo a los poderes públicos de dicha sujeción «a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico», para que no vean coartada su tendencia a transgredirlos cuando les interese; esto es, día sí, día también…

            ¡Ah, maldita sea! Sin darme cuenta, llego a mi límite de tecleo recomendado por entrega. ¡Y cuánto resta por reformar! No me queda otra que emplazar su curiosidad a una segunda entrega. Soporte tenazmente la espera, lector amable. La satisfacción será pronta.