No, no es nada nuevo en la trayectoria histórico-política de España que emerja, con intermitente intensidad, el trasunto del secesionismo en Cataluña. Ni tampoco vive, hoy por hoy, su momento álgido; que se alcanzó en Barcelona, el 6 de octubre de 1934, a las siete y media de la tarde, cuando desde el balcón del Palacio de la Generalitat, el Presidente de Cataluña Lluís Companys proclamó el Estado Catalán, dentro de una utópica República Federal Española.

Sin embargo ésta desleal tentativa de derrocar la organización jurídico-territorial que establecía la Constitución del 1931, fracasó, en gran parte, porque en los momentos decisivos no tuvo el imprescindible apoyo de la población catalana. A partir de aquí el nacionalismo independentista esperó mejor ocasión, acogiéndose al principio de que la paciencia y las circunstancias son el arma más fuerte.

La Constitución del 1978 consagró que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” y fue ratificada en referéndum precisamente por ese pueblo español, de manera que parecía que pondría fin a las pulsiones soberanistas del nacionalismo. Pero, lo que no es posible es imposible y en la naturaleza del movimiento nacionalista está la secesión. Aunque con eso, desde luego, ya contaron los sucesivos gobiernos de la España posconstitucional, que con independencia del signo ideológico cumplieron el mandato constitucional de defender “la indisoluble unidad de la Nación española”. Y fue aquel Rodríguez Zapatero de mis pecados, al irrumpir en la cuestión catalana con irresponsables asertos “Cataluña tiene identidad nacional” y sobre todo "Aprobaré el Estatuto que venga del Parlamento de Cataluña", el que encaminó al nacionalismo catalán de izquierdas y derechas, dándole la circunstancia que con paciencia había esperado; e inaugurando un concurso de ocurrencias distintivo del actual rebrote independentista.

Una almoneda de invenciones confusas y difusas de subrepticia motivación electoralista que caracteriza a este retoño secesionista, y desata una reacción en cascada de variopintas divagaciones políticas. Improvisaciones forzadas y artificiosas, alternativas a la legalidad vigente; alejadas de las inmediatas inquietudes de la mayoría de los españoles. Si creemos la última encuesta del CIS que afirma que sólo el 9 por ciento, de éstos, apoyaría la independencia de comunidades autónomas, y un aumento competencial o de autogobierno únicamente es reclamado por el 11,8; pero en cambio, una mayoría representada por el 33, son partidarios de que el atlas geopolítico español se mantenga como está.

En el catálogo de propuestas quiméricas se distinguen, por un lado, las que persiguen la independencia de Cataluña, sin más ni más. Son el llamado bloque separatista, que agrupa a CDC, ERC y la Asamblea Nacional Catalana. Si bien apenas tienen en común el propósito de articular una argucia, la que encierra esa candorosa entelequia llamada eufemísticamente “derecho a decidir”. Algo tan simple como el intento de desmontar el Estado desde los resortes del propio poder institucional estatal. Porque elementos institucionales del Estado español, y no otra cosa, son la Generalitat y el Estatut. Y lo que empezó como un chantaje económico fundamentado en el victimismo, ha sido corregido y aumentado añadiendo al concepto aristotélico de política “arte de lo posible”, también lo imposible. De manera que éste frente independentista transita, con desparpajo, desde el referéndum por la independencia a la amenaza de elecciones plebiscitarias; vadeando el engorro que supondría para una Cataluña independiente la exclusión de la UE, con la peregrina idea de la doble nacionalidad catalana-española, viniendo a decir, al más puro grouchismo,  lo de que  "Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros."

Como alternativa al pensamiento único independentista ha surgido la llamada tercera vía, que propone la transformación de España en una federación o en una confederación, según atendamos al PSC y al PSOE de Rubalcaba o lo hagamos a la alternativa confederal de Duran Lleida. Este posibilista federalismo opta por la negociación con el radicalismo soberanista, pero anteponiendo la cuestión de la reforma constitucional, en pos de una España federal, se aparta de la realidad y necesidades sociales del presente. Además de que reduciría a la mínima expresión el principio de solidaridad e igualdad básica entre los estados de esa federación española que persigue. Así que su pretendido virtuosismo es difícil de identificar, fuera de solucionar los problemas partidistas internos del PSOE con el PSC, o los de CiU. Bien sabe esto la presidenta de Andalucía, que abogando por “conservar un proyecto común que nos une, que es España y el futuro", defiende a la comunidad autónoma que preside, frente al brete de que se reduzca la solidaridad interterritorial.

A todo esto, lo que acaso quedará finalmente, cuando amaine y se despeje el desafío secesionista, será la reforma del modelo de reparto financiero autonómico. Por aplicación, a la política, del aforismo “quien pide lo más, pide lo menos".

En suma, y no en división, a veces las cuestiones que parecen muy complejas se advierten con claridad mirándolas a ras del suelo. Seguramente que entre los ciudadanos de Albelda y Alfarrás, dos poblaciones limítrofes, la una de Aragón, la otra de Cataluña, no hay más distancia geográfica, ni diferencias culturales, sociales, jurídicas y de organización política que las que hay entre los habitantes de Cabra y Lucena, dos pueblos andaluces del sur de Córdoba.

José Antonio Rodríguez
Licenciado en Derecho. Asesor jurídico