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La futura reforma energética pone en peligro la rentabilidad de más de 1.200 empresas cordobesas y 718 empleos

 

73 proyectos  están paralizados en la actualidad evitando la creación de 590 puestos de trabajo y una inversión  asociada de más de 200 millones de euros

El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Ignacio Expósito, ha trasladado hoy su “preocupación  ante la situación a la que se verán sometidas las empresas energéticas de la provincia” con la entrada en vigor el próximo mes de enero del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, un nuevo marco “que tiene un único afán recaudatorio y que provocará la asfixia” económica de las instalaciones de la provincia.

El responsable territorial ha recordado que en Córdoba existen en la actualidad numerosos proyectos en funcionamiento cuya rentabilidad se verá afectada directamente por esta reforma energética aprobada por el Gobierno central, “ley que pone en riesgo la viabilidad de 1.219 instalaciones que emplean a 718 trabajadores”.

Córdoba destaca por ser la segunda provincia andaluza en instalaciones de energía termosolar, fotovoltaica y biomasa, produciendo el 11,27% de la potencia eléctrica de origen renovable respecto a Andalucía.

Para Expósito este Proyecto de Ley no acaba con el déficit tarifario y solo tiene finalidad recaudatoria, en donde pagarán más los ciudadanos, las empresas, las pymes y por lo tanto, “lastrará la competitividad de la economía andaluza”.

En este sentido, ha incidido en que la nueva ley es un paso atrás en materia de compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sostenible perjudicando a las renovables con el tributo homogéneo “ya que no es lo mismo gravar un proyecto que lleva 30 años funcionando y que está amortizado, que gravar un proyecto con dos años de funcionamiento”.

Así mismo, el delegado de economía ha hecho referencia también a la demora en legislar sobre consumo instantáneo y balance neto, tan demandado por todos y especialmente por la actividad industrial en el primer caso, “los precios que está tomando el kWh, hace que cada vez nuestra industria sea menos competitiva”.

Proyectos en el aire

Así mismo, en opinión del delegado, la reforma energética “viene a empeorar la situación en la que el Estado dejó a las empresas del sector el pasado enero, cuando paralizó los incentivos” a los proyectos de producción de electricidad y cogeneraciones que utilizan tecnologías renovables y que ya habían sido priorizados previamente por la Junta de Andalucía. Esta paralización ha dejado “en el aire 73 instalaciones, cuya tramitación se encuentra bloqueada desde entonces y la creación de un total de 590 puestos de trabajo” sin contar el importante número de inversiones, “y por tanto de generación de riqueza” que el desarrollo de estas centrales supondría y que asciende a más de 208 millones de euros”. A esto hay que sumar las consecuencias que ha acarreado en la pérdida de empleo en general, con ejemplos muy ilustrativos en Córdoba en fotovoltaica como Solar del Valle, Magtel y especialmente Montealto, con el ERE reciente.

Expósito no ha querido olvidarse de hacer referencia a que con estas regulaciones se está poniendo en peligro el desarrollo de plantas de biomasa, “con una gran creación de empleo directo, e indirecto respecto a cultivos energéticos, con especial atención a la reducción de CO2 en cultivos (balance cero) y en su caso contribución medioambiental con la utilización de biomasa forestal, sin olvidar que la cogeneración contribuye a tener una industria más competitiva”.

Apuesta de Andalucía

En este escenario, la Junta de Andalucía estudia la declaración de Proyectos Estratégicos para aquellas inversiones que posibiliten la implantación de grandes Plantas de Energías Renovables en Régimen Ordinario que vayan unidas a la puesta en marcha de un Plan Industrial. Estas dispondrán de una tramitación preferente y urgente reduciéndose a la mitad los trámites.

Del mismo modo, ante la falta de regulación por parte del Gobierno de España respecto al Balance Neto (potestad exclusiva del Estado), Andalucía va a impulsar en el ámbito de sus competencias una normativa que posibilite el autoconsumo en la comunidad y va a seguir apostando por las políticas de ahorro y eficiencia energética a través de su Orden de Incentivos (en vigor desde el año 2009) y de los Fondos Reembolsables 2013.

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