Paloma Sobrini Sagaseta de Ilurdoz

Las ayudas fiscales, permitiendo la desgravación por obras y reformas de todo tipo realizadas  en las viviendas así como la reducción del IVA aplicable en las mismas, son medidas insuficientes para la revitalización del sector. Si de lo que se trata es de aflorar una economía sumergida  podemos considerar que es una buena medida pero a todas luces insuficiente si se trata de una medida anticrisis y más aun si se pretende que sea un auténtico proceso de Rehabilitación Integrada de nuestros cascos urbanos.

Es necesaria una Rehabilitación Integrada, entendiéndose el término integrada no  por ‘total’ sino por ‘coherente’ frente a la de mera ‘reparación’ que es en lo que consiste la sustitución de elementos obsoletos o deteriorados de una construcción en busca de una mayor efectividad, lo cual puede encuadrarse en el tradicional marco de ‘la chapuza’.

Se considera Rehabilitación Integrada, según el Articulo 3 de la Ley de Rehabilitación, non nata, redactada en l978 : el conjunto coherente y programado de acciones concretas, destinadas a potenciar los valores arquitectónicos, ambientales, económicos y sociales de determinadas áreas urbanas y rurales, con la finalidad de estabilizar a la población residente en las mismas, mediante medidas para la mejora de las condiciones del soporte físico existente la elevación de sus niveles de habitabilidad y uso, la dotación de los equipamientos comunitarios,  servicios y espacios libres de uso público necesarios y cualquier otra medida similar destinada a que el Área (de rehabilitación) cumpla la función social que le corresponde.

Necesitamos urgentemente una política de Rehabilitación seria y eficaz. En Europa el concepto Rehabilitación esta unido al de Mantenimiento, y a estas partidas se destina entre el 40 y el 60% del sector edificación. El término Rehabilitación es muy amplio y dentro se incluyen las obras de reformas interiores en viviendas, obras llamadas menores en la que se trata de arreglar la cocina, los baños, pinturas y pavimentos, sustitución de carpinterías, etc. Evidentemente eso también es Rehabilitación, en su vertiente de Mantenimiento, pero esta promovida única y exclusivamente por la inicativa privada y difícilmente cuantificable. Hemos visto como zonas de Madrid han sufrido un lento proceso de mejora a base de iniciativas privadas de rehabilitación y adecuación de locales y viviendas siguiendo un proceso natural de una sociedad en desarrollo.

Nadie duda de que la posibilidad de desgravación en el impuesto sobre la renta de esas intervenciones genere una  facturación que beneficiará a las arcas del estado. Se acabará el conocido ¿con factura o sin factura?. Pero pensar que aquel ciudadano que no tiene posibilidades, ni intención, de acometer reforma en su vivienda se va a lanzar a ello animado por un mejor tratamiento fiscal es de un optimismo voluntarioso. Si, siendo necesarias, no las hace no es porque no se desgrave sino porque no puede pagarlas. Ni con factura ni sin factura.

Es un derecho constitucional el acceso a una vivienda digna y por digna entendemos una vivienda segura y habitable. En España existen aproximadamente 12 millones de hogares de más de 30 años. Las viviendas, como las personas, necesitan ‘chequeos’ para poder detectar fallos y deficiencias, derivadas bien del mal mantenimiento o bien por su propia vejez, que pueden generar catástrofes no solo económicas sino irreparables en vidas humanas si no han sido inspeccionadas periódicamente. La cultura del mantenimiento y de la prevención debe implantarse y para ello es necesario un programa de concienciación y ayudas para llevarlas a cabo. Las ITES, Inspecciones Técnicas de Edificios se realizan en algunas ciudades de modo obligatorio en edificios de más de 30 años. Pero no es así en el resto de España, se trata de competencias locales que en unas ciudades es obligado y en otras no. Por tanto, en aras de la seguridad, proponemos que sea un ‘chequeo’ imperativo en todo el ámbito nacional, desde el norte de Lugo hasta el sur de Cordoba.

¿Y que pasa si la ITE es desfavorable? Que los propietarios están obligados a llevar a cabo las obras de reforma necesarias, según dictamina el informe técnico del profesional competente, a favor de la seguridad del inmueble. Aquí es donde se hacen necesarias las ayudas directas de la administración. Hace poco un alcalde me decía que no quería imponer las ITES en su ciudad porque le constaba que muchos edificios, debido a su mal estado, no cumplían los parámetros exigibles de seguridad y que por lo tanto era mejor ‘no saber’ y mirar hacia el otro lado en lugar de poner en evidencia la peligrosa realidad de las edificaciones.

Evidentemente esta situación es impresentable e inaceptable tratándose de la seguridad de las personas, pero esta es la realidad.

Paloma Sobrini Sagaseta de Ilurdoz

Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid