Lucena

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El equipo de gobierno acata y respeta pero no comparte las sentencias con respecto a los trabajadores de Servimán

LUCENA.    

El Partido Popular de Lucena ha querido dar a conocer a la ciudadanía la última de las sentencias referidas al cambio de adscripción de los trabajadores del ayuntamiento a la empresa municipal Servimán que declara nulos estas “reubicaciones”.

Según el edil popular Julián Ranchal, la cuantía que deberá satisfacer el consistorio por estos despidos improcedentes (unos 38) se eleva ya a 150.000 euros por sentencias parecidas desde octubre de 2011 motivados según él por empeño político de algunos gobernantes. Como explicaba Ranchal, “para muestra un botón” como ocurrió en el caso de un técnico de mantenimiento, cuyo cambio desacreditaba el propio secretario del PDM, o los 12 trabajadores de las piscinas. Casos similares han ocurrido con una arquitecta, un auxiliar de Cultura o un psicólogo

Los populares calificaban de  "ficción jurídica sin fundamento legal" los decretos del ayuntamiento al calificar la sentencia que no se encontraban con un mero cambio de calificación de trabajo sino que la decisión era de índole mercantil a una tercer empresa (Servimán) que aunque municipal no es propia del Ayuntamiento. También la sentencia hace referencia a que las reubicaciones se hicieron sin pasar por la Mesa de Negociación como así lo contempla el reglamento en su punto 54.b.

Se trata de la segunda sentencia de este tipo, alegando el equipo de gobierno cuando fue firme en aquel tiempo, que apenas afectaba a un cuarto de la plantilla ya que declaraba ilegítimos 5 funcionarios de los 38 trabajadores transferidos. Ahora se espera el fallo, que previsiblemente también quedará nulo, de las trabajadoras del servicio de guardería de Las Navas

Julián Ranchal acusaba directamente a Miguel Villa, presidente de Servimán calificando de “malísima y pésima” la actitud del primer teniente alcalde, bien asesorado y advertido por la oposición que ejerce el Partido Popular pero acumulando sentencias de este tipo.

Precisamente, Miguel Villa en declaraciones a Radio Lucena se ha referido a estas sentencias exponiendo que “las respeta y acata” pero que mantienen que no sea un juez el que diga cómo funciona un ayuntamiento. Según el concejal, la adscripción a Servimán no ha mermado ni las retribuciones, ni aumentado la jornada de trabajo sino que la decisión había respondido a una manera de coordinar mejor los servicios. A partir de ahora esta sentencia ralentizará la manera de trabajar haciendo que las órdenes las dé el funcionario Ángel Martínez que también es director en funciones de la empresa municipal. Ayer Miguel Villa se reunió para explicar las consecuencias de esta sentencia con los trabajadores afectados.  

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BREVES.