En España hay varias clases de trabajadores que gozan de unas prebendas que al resto de los laborantes, ni en sueños, se les ocurre que puedan conseguir.

En primer lugar tenemos a los políticos que, por muy extraño que parezcan son unos trabajadores, cuyo sueldo y privilegios los costeamos el resto de los españoles.

En muchos casos no han hecho mérito alguno para alcanzar esa envidiable posición, ya que más de uno, sólo tiene los estudios básicos, si he llegado a culminarlos, y el único blasón que posee es que no pudiendo tener éxito en ninguna profesión escoge la política como medio de vida.

Otros son los controladores aéreos que disfrutan de unas prerrogativas que ya las quisiéramos gozar el resto de los mortales que vivimos o lo hemos hecho de un sueldo, más bien escaso en la mayoría de las ocasiones.

También nos encontramos con los liberados sindicales quienes consiguen eximirse del trabajo y llevar una vida, yo diría, demasiado cómoda, puesto que no trabajan, y que en mayoría de los casos están más con las empresas que con aquellos a los que debieran de defender, ya que se dan ocasiones en las que, sin que haya causa que lo motive, las empresas inician Expedientes de Regulación de Empleo, siendo partícipes muy activos los Comités de empresa que obtienen su buena recompensa una vez que se ha logrado culminar el trámite.

Me quiero referir hoy a las ventajas de los estibadores que cobran sueldos desorbitados que para sí quisiera el mejor cirujano de España en cuyas manos está la vida o la muerte de un enfermo cuando entra en el quirófano, y no el cambiar de lugar, descargar o mover un determinado contenedor, trabajo que realizan apretando el botón de una grúa, en la que se encuentran cómodamente sentados, para lo que no necesitan ni los años de estudios ni de práctica de cualquier médico que vela por la vida de los ciudadanos.

Son una casta cerrada en la que nadie puede entrar, salvo los que ellos decidan que normalmente son miembros de sus familias o enchufados a los que por una u otra causa se les paga con un puesto tan suculento por algún favor o connivencia.

Lo desagradable de esta situación a la que están abocando a España es que son un remanente franquista al que ningún político se ha atrevido a eliminar, aunque sí a cosas tan inofensivas como el cambio de nombre de las calles o derribar estatuas que no hacían daño a nadie, en virtud de una mal llamada “memoria histórica” que sólo se ha aplicado a los que estuvieron en el bando de los vencedores, pero sí se ha enaltecido hasta el máximo el recuerdo de los otros.

Es también lamentable que no hayan sido noticia hasta ahora, no por una decisión de nuestros gobernantes para eliminar a un monopolio y liberalizar una hermética situación laboral, como sí se ha realizado con otras profesiones. Ha tenido que mandarnos la UE la que ha intervenido porque esta situación sólo se da en España por la pasividad de los partidos políticos que hasta ahora nos han gobernado y no han tenido los redaños suficientes para encarar el problema.

Los estibadores conocen su fuerza y saben que pueden poner en jaque no sólo a las empresas sino a toda España ya que la actividad portuaria es una de las columnas de la economía nacional.

Hasta ahora han estado llevando a cabo huelgas encubiertas mediante el conocido subterfugio de menos actividad laboral.

Su actitud no es defendible, pues en una economía de libertad de contratación, es obligatorio liberalizar las profesiones, de forma que no existan cotos cerrados estancos a los que no se pueda acceder si no se pertenece a la familia de los que componen esta reserva profesional, ya que su endogamia no admite a nadie que no pertenezca a esta casta de privilegiados. Este estado es equiparable a los gremios de la Edad Media.

En una relación de los pleitos que Córdoba tiene pendientes en la Chancillería de Granada en 1527, hay uno contra Diego de Toledo porque no puede ser al mismo tiempo toquero (fabricante de tocas) y joyero. Aquí no se trata de ejercer dos oficios a la vez, sino que el Gremio de los estibadores, al igual que en los tiempos de la Monarquía absoluta, no permite que un intruso se incorpore al mismo, por no pertenecer a la “casta”.

Desde el año 2014 la UE decretó que el funcionamiento de la estiba española era contrario a la legislación comunitaria. La falta de valentía de nuestros Gobernantes ha ocasionado que su incumplimiento se traduzca en una multa de 20 millones de euros que tendremos que pagar los de siempre: los eternamente maltratados ciudadanos.

Tendremos que correr con el gasto de la sanción de la Comisión Europea, que no tienen que sufragar los puertos, que consistirá en 15,6 millones de euros desde el tiempo transcurrido desde que la UE dictó la sentencia, más la multa coercitiva de 134.107,2 millones de euros por cada día que se retrase la puesta en ejecución de la resolución de la UE publicada el ppdo. Día 13 de julio.

En una palabra estos prepotentes, conocedores y abusadores de su poder nos tienen a cerca de 47 millones de españoles cogidos por salva sea la parte, por la cobardía e incompetencia de nuestros Gobernantes. Años ha, una huelga de controladores aéreos en los EE. UU fue solucionada manu militari, cosa que aquí no hacen nuestros apoltronados políticos porque no tienen el valor suficiente para solucionar de una vez este problema que atenaza a España entera.