El secretario general del Sindicato Provincial Agroalimentario de CCOO de Córdoba, Rafael Estévez ha señalado que la dilatación en la negociación del convenio supuso una pérdida económica de entre un 15 y un 40%.

CCOO ha interpuesto una demanda en el Juzgado de lo Social de Córdoba contra la Asociación Empresarial de Almazaras Industriales de la Provincia de Córdoba y contra la Asociación de Empresas Fabricantes y de Servicios de Córdoba (ASFACO) por vulnerar la tutela de libertad sindical durante la negociación del Convenio Colectivo de las Industrias del Aceite y Derivados para la provincia de Córdoba.

Según el texto de la demanda, ambas patronales negociaron “de mala fe”, en contra de lo establecido al respecto en el Estatuto de los Trabajadores y también en la propia Constitución Española, aprovechándose de la nueva situación tras la aprobación del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, para dar un giro en su postura y hacer planteamientos muy a la baja en contra de los derechos de la parte social.

El caso es que la negociación colectiva se inició muchísimo antes. En concreto, el 21 de abril de 2010 se reúnen ambas partes para mostrar su disposición a negociar de buena fe el Convenio Colectivo, y el primer paso se produjo el 6 de mayo de 2010. No obstante, la patronal dilató el proceso hasta hacerlo coincidir con la época de aprobación del citado Real Decreto para pasar de una oferta de congelación salarial para los años 2010, 2011 y 2012 a plantear una nueva situación que suponía una pérdida económica de entre un 15 y un 40 por ciento, así como la pérdida de muchos derechos ya conquistados en las sucesivas negociaciones del Convenio.

El sindicato acusa a ambas patronales de vulnerar el derecho a la Libertad Sindical al lesionar el deber de buena fe y el derecho a la negociación colectiva y reclama el cese inmediato de la conducta antisindical de ASFACO y la Asociación Empresarial de Almazaras Industriales de Córdoba, así como que se les condene al abono a este sindicato de una indemnización de 3.000 euros, tanto por los daños morales causados como por los consiguientes gastos de personal actuante y de asesoría jurídica en la interposición de esta demanda.