POLÍTICA. La Mancomunidad Campiña Sur ha aprobado en un Pleno Extraordinario el Convenio Colectivo de Trabajo para ejecutar los proyectos de las inversiones afectados al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en los municipios pertenecientes a esta comarca. La presidenta de la Entidad, Francisca Carmona, ha explicado que este Convenio “supone un documento jurídico pionero en los municipios de la Campiña Sur, ante un cierto vacío jurídico, no regularizado hasta el momento, que se ajusta a las necesidades reales tanto de los ayuntamientos como de los trabajadores”. En este sentido, Carmona ha indicado que son numerosas las ventajas para todos ya que “por un lado, con la firma del Convenio, los Ayuntamientos ganarán garantías jurídicas a la hora de aplicar la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Labores y, por otro, los trabajadores igualan derechos laborales y de prevención con el resto de personal laboral y funcionario de los ayuntamientos y tienen, así, una base jurídica ante las distintas administraciones a la hora de solicitar cualquier tipo de prestación”.
El Convenio aprobado recoge también que “los ayuntamientos, a través del Servicio de Prevención Mancomunado de Riesgos Laborales, realizarán un plan de formación específico a este colectivo de trabajadores en materia de seguridad y salud” ha resaltado la Presidenta de la Mancomunidad, impartiéndose a cada persona un curso, de carácter gratuito, con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral en la comarca.
Iniciativa pionera
La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa es la primera administración pública en la provincia de Córdoba que regula las condiciones laborales y de seguridad y salud, dando un paso adelante en materia jurídica en el campo de las relaciones laborales dentro de la administración pública local. En otras provincias andaluzas, como Almería, Granada y Málaga se han realizado de forma puntual actividades específicas, sin llegar a la regulación que va a poner en marcha la Campiña Sur, que incluye, además, la creación por parte de la representación de la administración pública y los representantes sindicales de una Comisión de interpretación y Vigilancia que se reunirá periódicamente para garantizar la correcta aplicación del convenio.
