CÓRDOBA.   

• Uno de los empresarios había sido detenido en dos ocasiones anteriores por hechos similares.
• Varios de los trabajadores de las seis empresas ficticias pudieron conseguir prestaciones por desempleo por un valor total de 205.000 euros gracias a contratos fraudulentos.
• La operación está enmarcada dentro del convenio firmado en el mes de marzo entre el Ministerio del Interior y el de Empleo y la Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Agentes de la Policía Nacional conjuntamente con la Inspección Provincial de Trabajo han procedido a la detención en Córdoba de 34 personas como presuntos autores de delitos relacionados con el FRAUDE FISCAL, ESTAFA, FALSEDAD DOCUMENTAL y FAVORECIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN CLANDESTINA.

La presente investigación denominada “Operación Seguro”, que está enmarcada en el convenio firmado el pasado mes de marzo entre el Ministerio del Interior y el de Empleo y Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social; tuvo su origen  en una denuncia formulada por una ciudadana extranjera a finales de noviembre, la cual manifestaba que había sido victima de una estafa

por parte de un gestor con ubicación en Córdoba, que le prometió regularizar su situación en España a cambio del pago de 600 euros, a lo que accedió por la delicada situación que estaba pasando.

A raíz de la referida denuncia los agentes especializados en materia de extranjería procedieron a realizar diversas gestiones tendentes a esclarecer lo sucedió, logrando identificar del presunto autor de la estafa, y comprobando como dicha persona figuraba de titular de varias empresas, participando igualmente en la gerencia de otras, manteniendo como suma de todas ellas una deuda a la Seguridad Social.

Gracias a la estrecha relación de trabajo entre la Comisaría Provincial y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba,  se logró determinar como el investigado realizaba contratos de trabajo a nombre de las empresas ficticias bajo su gestión, notificando a Tesorería General de la Seguridad Social las altas y bajas de los trabajadores, demostrando igualmente la vinculación de dicha persona con otras seis empresas ficticias, revestidas todas ellas en apariencia formal, si bien no desarrollaban actividad laboral alguna, sirviendo únicamente de tapadera al objeto de que los supuestos trabajadores pudieran acumular “carencia” para futuras prestaciones, llegando incluso en algunos casos a haber recibido prestaciones sociales por ello, y propiciando que personas extranjeras en situación irregular pudieran solicitar su regularización en nuestro país al justificar una actividad laboral. Destacar que se ha podido acreditar que las referidas empresas mantenían una deuda a la Seguridad Social de 200.000 euros aproximadamente, determinando igualmente que varios de los trabajadores había conseguido percibir prestaciones por desempleo por un valor total de 205.000 euros.

Una vez con las pruebas recopiladas e indicios necesarios se estableció un operativo policial, procediendo a solicitar a la Autoridad Judicial los oportunos mandamientos de entrada y registro tanto para la asesoría como para el domicilio del principal investigado, logrando intervenir gran cantidad de documentación y material informático de las seis empresas ficticias (contratos de trabajo, sellos de empresas, certificados de empresa, nóminas trabajadores, facturas, seguros sociales, escrituras de constitución de empresas, movimientos de deudas internas, listados de trabajadores y empresas, movimientos bancarios...), así como documentación de otras cuatro empresas que aún están bajo investigación policial.

Y una vez analizada toda la información se procedió a la detención del principal investigado y cabecilla del grupo, el asesor-consultor autorizado en todas las empresas ficticias, así como, como responsables en un escalón intermedio, se detuvo a otros cinco empresarios cordobeses, titulares de empresas ficticias investigadas.

Finalmente se logró localizar y detener a 28 trabajadores de las empresas ficticias, los cuales tras esos contratos falsos habían solicitado prestaciones públicas indebidas (desempleo, subsidios, incapacidad temporal, jubilación anticipada...) y entre los cuales había varias personas extranjeras que habían tratado de regularizar su situación en nuestro país con los contratos fraudulentos.

Por último destacar que la investigación continúa abierta, no descartándose nuevas detenciones relacionadas con estos hechos.