ANDALUCÍA.    

La secretaria de Educación, Esther Ruiz, ha defendido el trabajo de la Junta de Andalucía por garantizar una educación de calidad, gratuita y basada en la igualdad frente a la nueva ley de educación aprobada por el Gobierno del PP

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Esther Ruiz, ha destacado la labor del Gobierno andaluz por garantizar una educación de calidad y gratuita, y por continuar luchando por la igualdad de oportunidades frente a las “carencias” que sufren los estudiantes españoles por la nueva ley de educación aprobada por el Gobierno del Partido Popular.
 
“Es una ley segregadora que retrocede en el tiempo a la época más franquista”, ha criticado Esther Ruiz, ya que para el PSOE andaluz en la LOMCE “no hay cabida ni para el esfuerzo ni para el talento de los estudiantes”. “Hay alumnos con dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales que con el sistema educativo que tenemos en Andalucía pueden llegar a estudiar cursos y títulos superiores, pero con la ley del Gobierno central ese tipo de alumnado no tendría cabida para estudiar cursos superiores”, ha indicado la secretaria de Educación para poner en valor la apuesta de la Junta de Andalucía por una educación de calidad basada en la igualdad.
 
En cuanto al nuevo decreto-ley de becas, la dirigente socialista lo ha tachado de ser “una barbaridad”, ya que para el PSOE de Andalucía el recorte presupuestario y las limitaciones que implican el decreto supone que “un gran número de estudiantes no podrá seguir cursando sus estudios superiores”, a diferencia de la gestión del Gobierno socialista, que garantizará una beca compensatoria de 1.500 euros para los estudiantes que no reúnan las exigencias del Gobierno central para obtener una ayuda al estudio.
 
La secretaria de Educación del PSOE andaluz también ha querido hacer hincapié en que Andalucía es una de las comunidades autónomas que garantiza el acceso a la educación, pues cursar un año académico puede llegar a costar 750 euros aproximadamente y en cambio en Cataluña el coste se eleva hasta los 2.000 euros.