ANDALUCÍA. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que establece el régimen jurídico de las iniciativas para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista en la comunidad autónoma, bajo los principios de verdad, justicia y reparación. Este texto legal ya fue remitido al Parlamento andaluz el pasado año, pero no pudo ser aprobado al agotarse la legislatura.

 

El proyecto normativo, que sigue las recomendaciones del relator de las Naciones Unidas sobre esta materia, siempre en el ámbito de las competencias autonómicas, se adapta y supera la legislación estatal en vigor, además de ampliar su horizonte temporal. Así, además de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura franquista, incluye la Transición a la democracia hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, con un periodo total que abarca desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982.

 

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ha informado sobre el texto tras la reunión del Consejo de Gobierno. Con esta norma, según Aguilar, el Ejecutivo autonómico cumple su compromiso con el Parlamento, las asociaciones memorialistas y las víctimas. En esta misma línea, ha expresado la voluntad "firme y decidida" del Gobierno andaluz para que sea una ley de todos, por lo que ha abogado por el diálogo con todos los grupos parlamentarios.

 

Entre otras novedades, la ley ampliará la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados; reforzará el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; incluirá su estudio en los currículos educativos, y facultará a la Administración autonómica para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal. Asimismo, establecerá la prohibición expresa de exhibición de simbología fascista y obligará a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido.

 

 

El texto legal refuerza el régimen jurídico de protección de los denominados Lugares de Memoria Democrática, regulados por un decreto autonómico de 2011 que por primera vez en España instauró esta figura para recordar los principales emplazamientos de la represión franquista y homenajear a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Entre otras medidas, se recoge la creación del Inventario de Lugares y Senderos de la Memoria. En la misma línea, la futura ley incluirá un conjunto de medidas encaminadas a la recuperación del patrimonio documental incautado por las fuerzas golpistas durante la Guerra Civil y el franquismo.

 

En relación con los símbolos, se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas que todavía exaltan el golpe de 1936 y el franquismo. Además, se faculta a la Administración autonómica para llevar a cabo esta medida subsidiariamente.

 

Los artículos dedicados a las fosas comunes incluyen disposiciones para facilitar la recuperación e identificación de los restos y establecen la elaboración de un plan cuatrienal que dará prioridad a las medidas de localización y exhumación. Estos trabajos deberán ser iniciados por la Junta o por los ayuntamientos a instancias de las familias, las entidades memorialistas y los investigadores. Asimismo, la Junta estará facultada para realizar pruebas genéticas que permitan la identificación de las víctimas y crear un banco de datos de ADN.

 

Otra de las novedades recogidas es la atribución a la Junta del deber de denunciar ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones de víctimas. En este sentido, la Consejería de Cultura podrá instar a la personación del Gabinete Jurídico de la Junta en aquellos procedimientos en los que no haya sido denunciante. La medida se enmarca en el principio de justicia universal que reclaman los familiares de las víctimas y organismos internacionales como la ONU.