ANDALUCÍA.     

Las entidades se exponen a multas de 11,1 millones por no haber ofrecido 185 VPO en Andalucía a los registros públicos de demandantes.

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha abierto ocho procedimientos sancionadores a sendas entidades financieras por incumplimiento de las obligaciones inherentes a la titularidad de sus viviendas protegidas en la comunidad autónoma. Las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos ascienden a 11,1 millones de euros.

El motivo de apertura de los expedientes es no haber ofrecido viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes, obligación establecida por el artículo 20m de la Ley de Vivienda Protegida, introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda. “Los inmuebles protegidos, construidos con dinero público, deben prestar una función social”, ha afirmado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en el Parlamento.

Las entidades financieras expedientadas son Banco Popular (97 viviendas protegidas supuestamente no ofrecidas a los registros correspondientes), BBVA (27), Building Center (26), Unión de Créditos Inmobiliarios (13), Banco Santander (11), Servihabitat (6), Banco Sa-badell (3) y Anida Operaciones Singulares (2).

En total, se trata de 185 viviendas protegidas que no han sido ofrecidas a los registros municipales, que establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.

Viviendas por provincias

Por provincias, hay 43 viviendas en Sevilla, 30 en Cádiz, 22 en Almería, 22 en Córdoba, 20 en Granada, 17 en Jaén, 17 en Málaga y 14 en Huelva.

Cada inmueble protegido que no haya sido ofrecido al correspondiente registro supone una infracción muy grave. La Consejería, que a través de sus delegaciones territoriales ha detectado e informado de dichos incumplimientos, ha notificado los expedientes a las entidades con una sanción de 60.000 euros por vivienda.

Cortés, que ha dado cuenta de estos expedientes en la Comisión de Fomento y Vivienda, ha puntualizado que estas 185 VPO “no son las únicas” sin asignar a los registros municipales, sino aquellas que la Consejería ha acreditado a partir de la propia información remitida por las propias entidades financieras tras la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda. “Todos los inmuebles protegidos deben estar a disposición de los registros municipales de vivienda para ser asignados a familias que las necesitan”, ha señalado la consejera.

La Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda no fue impugnada por el Gobierno central en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener casas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente su uso para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social. Los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas continúan plenamente vigentes.