El Consejo de Gobierno ha fijado la posición sobre la reforma educativa que defenderá Andalucía en la próxima Conferencia Sectorial de Educación. La Junta, que no comparte las medidas planteadas por el Gobierno central, como las reválidas y los itinerarios "rígidos" que "marginan" al alumnado, considera que las políticas educativas merecen "un esfuerzo de diálogo y consenso" y por ello ofrecerá al Ministerio nueve "puntos de encuentro alternativos" para alcanzar una reforma educativa de "consenso".

Refuerzo de la calidad y de la equidad; formación del profesorado; refuerzo de las asignaturas instrumentales y de la opcionalidad; participación y autonomía de los centros; apuesta por la evaluación; refuerzo de la FP; educación en valores; revisión del acceso a la Universidad, y garantía de la financiación para la escuela pública son los puntos en los que la Junta está dispuesta a "dialogar", según ha destacado la consejera de Educación, Mar Moreno, que ha pedido al Gobierno central "aparcar las prisas" para abrir un debate con la comunidad educativa y las comunidades autónomas. Junto al documento para el consenso fijado por el Consejo de Gobierno.

Sobre las alternativas concretas para alcanzar el consenso, la consejera se ha referido a la necesidad de asegurar que cualquier itinerario en la educación obligatoria conduzca a idéntica titulación, en alusión a los cambios introducidos en los programas de atención a la diversidad que eliminan esa posibilidad. Este punto es básico para la Junta de Andalucía, pues de lo contrario "sería consentir que miles de jóvenes se deriven a un camino sin retorno".

Respecto al profesorado, la Junta apuesta por intensificar la formación permanente e inicial de los docentes y por establecer una carrera profesional que estimule las mejores prácticas.

Otro de los puntos en los que Andalucía buscará el consenso se refiere al refuerzo de las materias instrumentales y de la elección de las asignaturas. Aun aceptando que se establezcan cambios en el cuarto curso de ESO para dirigir la trayectoria posterior del alumnado y anticipar su especialización, la consejera apuesta por que sean los centros docentes, en el marco de su autonomía, los que, en función de la demanda y de los intereses académicos, doten de mayor flexibilidad a los itinerarios, conduciendo siempre a un único título de ESO que dé acceso a Bachillerato o a Ciclos Formativos.

Evaluar para mejorar

La Junta sigue apostando por la cultura de la evaluación pero discrepa sobre las consecuencias que pueda tener sobre la vida académica del alumnado. Las reválidas, tal y como las recoge el anteproyecto de ley, seleccionan e impiden la promoción del alumnado así como la obtención de los títulos correspondientes. Andalucía defiende un sistema de evaluación que sirva para orientar al profesorado y mejorar los rendimientos académicos de los alumnos, y considera que estas pruebas no tienen sentido al final de las etapas sino en los cursos intermedios. Asimismo rechaza el establecimiento de rankings entre centros en función de los resultados por tratarse de una medida "extraordinariamente injusta" para los estudiantes con condiciones de partida "más desfavorables".

Mar Moreno ha defendido que la reforma debe impulsar los estudios y titulaciones de FP, pero sin condicionar el acceso al resultado de ninguna evaluación externa, en el caso de los de Grado Medio, o con una prueba de admisión específica en los de Grado Superior.

Entre los nueve puntos de encuentro alternativos figura también avanzar en la autonomía de los centros. No obstante, para la consejera de Educación este objetivo no debe significar "dar pasos atrás en democracia y en participación". Se ha referido en concreto a los directores de los centros, abogando por la participación de los representantes de los centros en su selección sin que sea la Administración la que los imponga, como ahora establece la reforma. Del mismo modo ha considerado necesario preservar las competencias de los Consejos Escolares, por entender "clave" en la vida de los centros y en el progreso educativo del alumnado la participación de las familias.

Andalucía quiere consensuar también un currículo que recoja la formación en valores en todas las etapas educativas, en alusión a la competencia social y ciudadana, que según ha recordado Mar Moreno es una competencia básica de la enseñanza en la Unión Europea.

La Junta propone también que se abra "un amplio debate" sobre el modelo de acceso a la Universidad, con el objetivo final de garantizar la transparencia y la equidad.

Por último, Mar Moreno se ha referido a la financiación de la ley, considerando que es "difícil" impulsar una mejora de la calidad del sistema educativo cuando el gasto en enseñanza descenderá en España del 4,9 al 3,9% del PIB, según la previsión del Gobierno central. Por ello ha considerado necesario que el Estado y las comunidades autónomas acuerden un "presupuesto de garantía" que priorice el sostenimiento de la escuela pública y en especial de la política de becas.

"Las políticas educativas requieren moderación, profesionalidad y consenso. Ningún partido debe pretender imponer su programa de máximos, porque la educación nos trasciende, requiere la máxima sensibilidad y altura de miras por parte de todos", ha afirmado la consejera.