DENUNCIAS. Según datos del sindicato CCOO, en la Administración General del Estado (AGE) se han presentado en Córdoba más de 80 denuncias desde enero de 2013 por acoso laboral y las víctimas han tenido que buscar cauces alternativos para tramitarlas, porque la Administración pública ha decidido no aplicar el protocolo establecido a los más de 3.000 empleados públicos de los distintos departamentos ministeriales en Córdoba y provincia.

Por esta razón, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO propone la reforma del protocolo de acoso laboral en las Administraciones Públicas en aspectos tan básicos como el derecho a una segunda instancia en caso de inadmisión; la supresión de las referencias a las consecuencias de denunciar el acoso; la mejora del clima laboral o la extensión de la formación y sensibilización de todo el personal ante el acoso laboral.

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba, Luis Mena, estima que el acoso laboral sobre el personal de la AGE es un riesgo en continuo crecimiento al que no se le ha encontrado una respuesta eficaz. Además, en la Administración estatal existe un protocolo contra el acoso laboral, que, a la vista de los resultados, se ha mostrado por completo inútil. Sin embargo, se pretende ‘salvaguardar’ el buen hacer dentro de la Administración, sobre el criterio de silenciar y ocultar esta práctica destructiva con sus trabajadores y trabajadoras. Para ello, “cuenta con un artículo en su protocolo, amenazante e intimidatorio, sobre  las consecuencias de denunciar el acoso”, ha destacado Mena.

La Administración se ha reservado, así, el papel de juez y parte y las consecuencias son inmediatas. Más del 50% de las denuncias no son admitidas a trámite, y de las admitidas, menos del 5% prospera. Y esto es así porque de antemano la Administración usa el protocolo actual “como una muralla para evitar que se conozcan los acosos laborales que se producen hacia el personal de la AGE”, afirma la organización sindical.

El sindicato denuncia que, desde 2012, el Gobierno impide la aplicación del protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito de la AGE, al no elevar el acuerdo firmado a Real Decreto. “A pesar de esta actuación, al Gobierno no le importa afirmar que lucha contra la violencia hacia las mujeres incluye el protocolo mencionado como objetivo en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 o presume de que la Administración es igualitaria, no se sabe según qué criterios”, ha afirmado Mena.

El sindicato exige un compromiso en la defensa de las víctimas de este acoso, y para ello, “ha requerido a la Administración para que en la negociación colectiva sea tratado este asunto y se modifique al actual protocolo, de forma que deje de ser una defensa de los gestores de la Administración y se convierta en una defensa real de las víctimas de acoso laboral”.