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La Consejera de Fomento visita Castro del Río

Cortés exige al Gobierno mayor protección para los autónomos en riesgo de desahucio

La consejera de Fomento y Vivienda y el alcalde de Castro del Río firman el convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha remitido una carta a la ministra de Empleo del Gobierno de España, Fátima Báñez, en la que le reclama mayor protección para los trabajadores autónomos en riesgo de desahucio o que han perdido ya su vivienda como consecuencia de un empobrecimiento que les impide, con causa justificada, hacer frente al pago de las cuotas de la Seguridad Social

La misiva recuerda que la Consejería, en el marco del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, abrió en octubre del pasado año oficinas en las ocho provincias andaluzas para ofrecer prevención, intermediación y protección a personas en riesgo de desahucio o que ya han visto lesionado su derecho a la vivienda. Dichas oficinas atendieron, entre el 8 de octubre y el 25 de enero, a 1.832 personas. “A través de este Programa”, dice la carta, “venimos realizando atención a personas que se encuentran en situación de riesgo de pérdida de su vivienda familiar como consecuencia de deudas pendientes con la Seguridad Social”. Y añade: “Generalmente se trata de deudas derivadas del impago de cuotas del Régimen Especial de Autónomos, en las que la gestión recaudatoria sigue el procedimiento establecido y sitúa a estas personas frente al embargo y posterior subasta de su vivienda”.

La consejera señala en la carta, que resulta de la aceptación de una sugerencia del Defensor del Pueblo Andaluz, que “es muy injusto que en la actual situación de la crisis económica una administración pública pueda llegar a privar de su vivienda a una familia”, por no poder hacer frente a una deuda generada por un empobrecimiento sobrevenido, directamente atribuible al deterioro general de la economía y del mercado laboral. “Ante situaciones de emergencia, las administraciones están obligadas a ofrecer soluciones de emergencia. Como consejera, apenas un mes después de llegar al cargo, di orden de paralizar todos los desahucios en el parque público de vivienda en los casos en que los impagos sean producto de un empobrecimiento por pérdida de empleo”, ha afirmado Cortés.

La consejera insta en la misiva al Gobierno a la aprobación de cuantas normas o instrucciones sean necesarias “para paralizar los procedimientos de apremio sobre bienes inmuebles que constituyan la vivienda familiar, única y habitual, de deudores a la Seguridad Social de buena fe que se encuentren en circunstancias personales y económicas merecedoras de tal protección”.

Firma con el Ayuntamiento de Castro del Río

La titular de Fomento y Vivienda ha explicado el contenido de esta carta durante la firma con el alcalde de Castro del Río, José Luis Caravaca, del convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, instrumento puesto en marcha por su departamento que implica la atención a la ciudadanía desde oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en Andalucía. Con esta rúbrica, dicho consistorio se suma a los municipios cordobeses de Belmez, Baena, La Rambla, Doña Mencía, Priego de Córdoba y Puente Genil, que ya han dado su apoyo a la iniciativa.

Cortés ha felicitado al alcalde de Castro del Río por esta decisión, “que demuestra que la política municipal puede romper con la neutralidad y ponerse del lado de las víctimas de la crisis y frente a las entidades financieras”, ha matizado la titular de Fomento y Vivienda, que ha hecho un llamamiento a los vecinos del municipio para que “superen el miedo y la vergüenza” y acudan a las oficinas si lo necesitan, o bien animen a quienes están en situación de riesgo de perder su casa. “Quienes debe sentir vergüenza son los gobernantes que han permitido llegar a esta situación de emergencia social, no los ciudadanos víctimas de sus políticas”, ha añadido Cortés.

Recientemente el Alcalde dio conocer durante el transcurso de un Pleno municipal la orden transmitida a la Policía Local para que no colabore ni participe en los desalojos que se produzcan como consecuencia de desahucios, excepto en aquellos en que esté obligada a intervenir por orden judicial, donde se limitará a realizar la notificación pertinente y a levantar el acta de los hechos.
Elena Cortés ha matizado que sumarse al convenio implica “sellar el compromiso con la defensa del derecho a la vivienda, un derecho que la propia relatora de la ONU especializada en la materia subraya que está siendo “sistemáticamente pisoteado en España, donde tantos ciudadanos han quedado atados de por vida a hipotecas que ya no pueden pagar, debido en gran medida a la pérdida de su empleo”.

Castro del Río, el municipio número 50

A su juicio, “el proceso que se ha abierto con este programa va cosechando sus frutos, puesto que en la actualidad son ya 50 municipios los adheridos a este bloque político constituido para luchar precisamente contra este drama social, a los que hay que sumar la Diputación de Huelva”. “Continuamos, paso a paso, conformando un bloque político contra los desahucios. Un bloque al que animo a sumarse a todos los municipios, sin distinción de color político, porque el problema de los desahucios afecta a la totalidad de los pueblos y ciudades de Andalucía”, ha incidido.

El acuerdo firmado garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en los municipios de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. En virtud del acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.

El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública.

Los ayuntamientos facilitarán a las Delegaciones Territoriales de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual. Estos acuerdos contemplan la constitución de una Comisión de Seguimiento par dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.

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