MEDIO AMBIENTE. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, ha indicado que más de 250 organizaciones miden ya su huella de carbono en Andalucía. Así, al cierre del primer trimestre y hasta el 31 de marzo, el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE) cuenta con la adhesión de 254 empresas y organizaciones, que suman un total de 447 huellas de carbono inscritas.
Tal y como ha señalado, "este incremento no hace más que reafirmar la responsabilidad ambiental y la apuesta inequívoca de las entidades con el medio ambiente, puesto que, además de calcular su huella, también emprenden acciones destinadas a su reducción, lo que implica un doble compromiso". A este respecto, Fernández-Pacheco reconoce que "este instrumento voluntario brinda la oportunidad de involucrarse activamente en la lucha contra el cambio climático mediante el cálculo y la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)" e insiste en que "las administraciones públicas tienen la obligación de proporcionar todas las herramientas posibles".
"Con la inscripción de las organizaciones en este registro, se puede conseguir una reducción de los costes empresariales, un aumento en la competitividad con respecto a otras compañías, la opción de ganar puntos en licitaciones públicas, la mejora de la imagen corporativa y, como no podía ser de otro modo, el cuidado del planeta, que es tarea de todos", ha subrayado.
Las organizaciones adheridas hasta la fecha tienen carácter público y privado, grandes y pequeñas empresas, a las que también se han sumado algunas entidades sin ánimo de lucro. En esta línea, el consejero de Sostenibilidad ha animado al resto de entidades y organizaciones andaluzas a inscribirse en este registro voluntario ya que, entiende, "la colaboración de todos es imprescindible para lograr una transición energética más justa y sostenible".
Además del Registro SACE, desde el Gobierno andaluz también se han puesto en marcha otras medidas como el Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC) 2021-2030, que constituye el instrumento general de planificación para las actuaciones de lucha contra el cambio climático la comunidad.
