VIVIENDA. El Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en Materia de Desahucios de la Junta ha atendido a 15.173 familias a las que se le han dado servicios de información y asesoramiento y realizado tareas de intermediación para ayudarles a evitar la pérdida de la vivienda por motivos económicos.

 

Por otro lado el Proyecto de Ley de Tanteo y Retracto en desahucios, que está en tramitación parlamentaria. En 2015 y 2016 la Junta ha ayudado a 25.936 familias al pago del alquiler de su vivienda, con una inversión de 34 millones, y se están tramitando las ayudas correspondientes a 2017 que beneficiarán a otras 12.500 familias, con una inversión de 16,3 millones más, una convocatoria que tuvo que esperar a la firma de la prórroga del Plan Estatal de Vivienda en julio para iniciar su tramitación.

 

Adicionalmente el Gobierno andaluz ha ayudado al pago del alquiler de 364 familias incursas en procedimientos de desahucio o ejecución hipotecaria, con una inversión de 3,7 millones de euros y en 2018 dedicarán un millón de euros más a este fin.

 

La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha adjudicado 2.204 viviendas del parque público de viviendas en lo que va de legislatura, lo cual ha permitido atender un promedio de tres familias al día.

 

Estas adjudicaciones se realizan mediante los registros municipales de demandantes de vivienda protegida, que se ha consolidado como una fórmula eficaz para responder adecuadamente a la demanda habitacional teniendo en cuenta las necesidades de las familias y criterios socioeconómicos. De hecho, las administraciones están haciendo grandes esfuerzos por avanzar en la depuración y mejora de estos registros, con el objetivo de evitar duplicidades que sobredimensionen la demanda y desvirtúen sus características.

 

El parque público residencial de la Junta está compuesto por 76.502 viviendas, de las que 50.252 son de arrendamiento y el resto en compraventa y acceso diferido, distribuidas en 526 municipios, y que ofrece alojamiento a más de 306.000 personas. Cuando alguna de las viviendas en régimen de arrendamiento queda libre por el movimiento de la población que habita el parque, se recurre al registro del municipio donde esté la vivienda y se solicita al ayuntamiento correspondiente propuesta de adjudicación.

 

Por ello, es fundamental la coordinación entre la Junta y los registros municipales de demandantes, primando en los procesos de adjudicación los principios de igualdad, transparencia, publicidad y concurrencia.

 

De forma permanente se están detectando situaciones de irregularidad en dicho parque público, lo que ha provocado que a lo largo de esta legislatura se hayan abierto 731 expedientes administrativos, por anomalías de diferente naturaleza --como uso inadecuado, al tener, por ejemplo, una plantación de marihuana en la casa-- y con el fin de recuperar la vivienda y dársela a quien la necesita.