ANDALUCÍA. El Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía ha acordado dar informe favorable al I Plan Andaluz de Memoria Democrática -PAMD- (2018-2022) y al decreto sobre Símbolos y Actos Contrarios a la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Se trata de dos iniciativas de gran calado en el desarrollo presente y futuro de las políticas públicas de Memoria.

 

Según el informe favorable, el I PAMD "supone consolidar lo que se ha venido haciendo en Andalucía desde hace casi dos décadas". El Consejo ha valorado que "permite fijar los elementos estratégicos de la acción del Gobierno andaluz en materia de Memoria Democrática, a partir del debate, la reflexión y el consenso de los agentes clave". Asimismo, ha destacado que, además de los preceptivos trámites de audiencia pública, se han desarrollado "mecanismos de refuerzo participativo, en los que se han tenido en cuenta las aportaciones recibidas y que han contribuido a enriquecer el proyecto".

 

De igual forma, considera que los objetivos estratégicos de este primer plan coinciden con los "principios de verdad, justicia, reparación y no-repetición", y que permite "mejorar la cooperación y coordinación entre administraciones, entidades memorialistas y ciudadanía, y contribuir a la mejora del conocimiento y la difusión y divulgación científicas".

 

Una vez que el Consejo de Memoria ha dado luz verde el I PAMD, a partir del informe favorable, tendrá que ser aprobado por parte del Consejo de Gobierno para su posterior examen en el Parlamento de Andalucía.

 

 

Respecto al decreto de Simbología, el Consejo considera que éste desarrolla de manera integral las cuestiones recogidas a este respecto en la Ley de Memoria de 2017 "de una manera clarificadora en relación con los objetivos que persigue, consiguiendo uniformidad en cuanto a la terminología utilizada en la ley, concretando el ámbito temporal de aplicación, o explicitando la prohibición de su exhibición pública".

 

En opinión del Consejo de la Memoria, este decreto supone un "desarrollo normativo innovador" que no se ha llevado a cabo en ninguna otra comunidad autónoma ni en la Ley Estatal de Memoria de 2007, "en el sentido de clarificar los supuestos de concurrencia por razones artísticas o arquitectónicas". Igualmente, valora que el texto regula las funciones y composición del Comité Técnico que debe asesorar al Gobierno en la determinación de los elementos contrarios a la Memoria.