JUSTICIA. Según informa el periódico digital, El Confidencial, el juez de Madrid que investiga a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, por un delito de desobediencia acaba de admitir como acusación popular a Sebastián Gómez, abogado de Lucena, siempre y cuando éste pague una fianza de 200 euros.

Este letrado del Colegio de Abogados de Lucena denunció a la presidenta del PP madrileño al día siguiente de tener conocimiento que se había dado a la fuga y que había desobedecido las órdenes tanto de los agentes que le estaban multando por aparcar en un lugar prohibido como de la Policía Municipal que le dio el alto y le persiguió hasta su domicilio.

Sin embargo, el titular del Juzgado número 14 de Madrid no había tramitado la denuncia de Sebastián Gómez hasta el miércoles de la semana pasada, que en una providencia le requiere una fianza de 200 euros antes de aceptarle formalmente como acusación popular. En cuanto el letrado ingresa la cantidad ya podrá actuar legalmente contra Aguirre.

El Confidencial ha tenido acceso a la denuncia según la cuál, Gómez solicita al magistrado la recusación “de cualquier fiscal que hubiera sido elegido para su puesto por Aguirre, mientras ostentaba el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid, o de cualquier otro juez o fiscal vinculado con la misma, directa o indirectamente”. El fiscal superior de Madrid, que está haciendo de portavoz en este asunto, fue elegido meses antes de que Aguirre llegara a la Comunidad, concretamente en julio de 2003, y ha sido ya reelegido en dos ocasiones.

Este letrado también pide que se tome declaración a la imputada por los delitos de atentado contra la autoridad, desobediencia muy grave a la autoridad y daños y/o vejaciones injustas con publicidad. El instructor comenzó la tramitación de este asunto como falta hasta que la Audiencia Provincial de Madrid le obligó a seguir el caso por un presunto delito de desobediencia aunque el tribunal descartaba el delito de atentado contra la autoridad.

El abogado que se persona ahora en la causa recuerda al instructor que el asunto de Aguirre es muy similar al de otra mujer que fue condenada a seis meses de cárcel por la Audiencia Provincial de Madrid el año pasado por un delito de desobediencia grave. Ayer declaraba Aguirre y el próximo 30 de septiembre, están citados como testigos tanto los agentes de Movilidad que le multaron como los policías municipales que la siguieron por toda la calle Gran Vía.