JUSTICIA. La Consejería de Justicia e Interior y la mayoría de las organizaciones sindicales con representación en el ámbito de la Administración de Justicia en Andalucía han alcanzado  un acuerdo que recoge los principios inspiradores para la próxima implantación de la nueva Oficina Judicial y Fiscal, un proyecto clave para mejorar el funcionamiento de este servicio público en la comunidad.

 

El departamento que dirige Emilio de Llera ha pactado así los aspectos esenciales para el desarrollo de ese nuevo modelo organizativo con los sindicatos CSIF, USO y STAJ, que aglutinan cerca del 70% de la representatividad de los más de 7.000 funcionarios de la Administración de Justicia de Andalucía. Este acuerdo va a ser estudiado también por parte de CC.OO., que ha anunciado que lo someterá a consulta entre sus afiliados, mientras que UGT –sindicato minoritario en sector de Justicia- ha decidido no secundarlo. 

 

El acuerdo alcanzado garantiza todos los derechos de los funcionarios judiciales en materia retributiva y de derechos laborales, además de suponer importantes mejoras para la prestación del servicio público de Justicia y para las condiciones laborales de estos trabajadores. 

 

Así, se establece que la futura aprobación de las relaciones de puestos de trabajo para la puesta en marcha de este proyecto no supondrá una disminución del número total de plazas existentes en las plantillas de cada uno de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

 

Asimismo, con el desarrollo de esta nueva organización en los juzgados y fiscalías no se producirá ninguna merma retributiva, según el acuerdo, que establece además la posibilidad de crear una serie de puestos que dispondrán de un complemento salarial por su especial responsabilidad en el desarrollo de determinadas funciones.