SINDICATOS. “No vamos a consentir que se contrate esclavos”. Así de contundente se ha mostrado el secretario General del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Córdoba, Rafael Morales, en referencia a la solicitud de los empresarios agrícolas de contratar un contingente de trabajadores extranjeros en origen para las campañas agrícolas.

 

Morales señaló que habiendo casi 70.000 trabajadores censados en el Sistema Especial Agrario en Córdoba y teniendo la provincia una de las tasas de desempleo más altas de España es incomprensible que los empresarios soliciten un contingente. 

 

En concreto, los empresarios piden un contingente para la recogida del olivar de montaña, porque aseguran que no encuentran trabajadores locales o extranjeros afincados en la provincia que quieran trabajar. “No encuentran porque lo que quieren los empresarios que trabajen a destajo, algo que está prohibido en el convenio colectivo”, criticó el responsable sindical.

 

En este sentido, el secretario General explicó que en el olivar de sierra, por las difíciles condiciones orográficas y la menor producción, es imposible alcanzar el nivel de recogida del olivar de campiña. Por ello, algunos empresarios, en vez de pagar por jornada, como establece el convenio, lo hacen por kilos de aceituna recogida. El problema es que se tardan 14 ó 15 horas en recoger el cupo mínimo que exige el empresario con lo que se ven obligados a trabajar a destajo, algo que también está prohibido en el convenio, en jornadas “extenuantes” por las que se pagan 15-20 euros cuando el convenio establece un precio de 48 euros por una jornada de seis horas y media.

 

Todo ello supone un fraude en la contratación y también un fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social. 

 

Además, añadió Morales, los trabajadores locales y extranjeros afincados en la provincia conocen las lamentables condiciones de los alojamientos. “Los meten en cortijos insalubres, sin agua y sin luz”, afirmó y estas cuestiones las desconocen los trabajadores y trabajadoras contratados en origen que aceptan las condiciones laborales que ponen los empresarios, que no se ven en las comisiones de flujos migratorios y que “crean un perfil de trabajador que en España sería ilegal e incluso inconstitucional”. 

 

El sindicato reclama a la Inspección de Trabajo y a las fuezas de seguridad que “estén vigilantes con estos planteamientos” e insistió en que hay que involucrarse todos los estamentos oficiales, sindicatos, empresarios y administración pública en la calidad del empleo.