POLÍTICA. Finalmente ha sido aplazado el juicio a los miembros de la Plataforma Stop Desahucios, Pedro Navarro y José Llamas por insultos durante la celebración del pleno municipal el pasado 28 de enero. El juez ha motivado su decisión en que no se cumplían garantías procesales, ya que Navarro y Llamas no iban acompañados de abogado y no habían designado testigos ante los hechos (aunque esta circunstancia no impide, de forma, que se hubiera celebrado).

 

La denuncia del Ayuntamiento lucentino está auspiciada tanto por el PSOE como por el PP, y fue realizada contra dos de los miembros de esta plataforma, Pedro Navarro y José Llamas, en relación con la protesta que se produjo durante la sesión del pleno de la corporación municipal el pasado mes de enero, durante el debate de la moción del grupo municipal de IU-LV-CA sobre reconocimiento del derecho humano al agua y al suministro mínimo vital, que solicitaban entonces al Consejo de Administración de la empresa Aguas de Lucena, S.L.

 

En aquel momento, y tal y como anunció la Plataforma Stop Desahucios, varios de sus miembros que se encontraban en el Salón de Plenos esperando conocer la resolución del acuerdo, abandonaron el lugar ante los argumentos que exponían los portavoces Juan Pérez (PSOE) y Manuel Gutiérrez (PP). Reconocía Pedro Navarro que expresó en voz alta que los ediles “no tenían vergüenza” por no ser sensibles a un asunto de tanto calado. Sin embargo en la denuncia se especifica que los ediles fueron objeto de “insultos”.

 

Momentos antes de la decisión, la parte denunciante, es decir, el Ayuntamiento de Lucena ponía sobre la mesa un acuerdo: pedía una disculpa pública de los miembros de Stop Desahucios y que no hicieran declaraciones en los medios apareciendo como “vencedores” del asunto. Tras una deliberación con otros integrantes de la plataforma, que los han acompañado desde las 10 de la mañana, la mayoría ha votado continuar con el juicio.

 

Según declaraciones de José María Morillo Velarde, letrado y testigo por la parte del Ayuntamiento, fue el pasado 5 de marzo cuando aparece un decreto de Alcaldía instando al abogado Mauro Guillén a que presente denuncia sobre los hechos ocurridos en el pleno municipal, basándose en un atestado de la Policía Local. No es hasta el pasado 25 de mayo cuando Guillén presenta la denuncia cuyos hechos prescriben por ser “delito de faltas” en 6 meses. Expone Morillo-Velarde, que tanto él como los concejales del PSOE José Cantizani y Mª Carmen Aguilera (que han actuado como testigos del Ayuntamiento) fueron conocedores del juicio el pasado lunes.

 

Sin embargo, queda patente las diferencias entre miembros del gobierno municipal  o la falta de comunicación entre ellos, ya que Miguel Villa, primer teniente Alcaldía y portavoz de IU, ha apoyado desde el primer momento a la Plataforma, y dice que no ha tenido posibilidad de ponerse en contacto con el alcalde Juan Pérez (PSOE).