La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha informado a través de una nota de prensa que ayudará a abonar el alquiler a inquilinos de viviendas públicas Lucena que tengan ingresos bajos y dificultades para afrontar los pagos. El Ayuntamiento, tal y como informábamos días atrás, ha firmado el convenio con la delegación autonómica para destinar a familias fondos de la línea de Ayudas al Alquiler para Personas Inquilinas en Situación de Especial Vulnerabilidad, impulsada por la Consejería de Fomento y Vivienda con una dotación presupuestaria de 4,3 millones de euros.

 

La ayuda está destinada a familias con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), lo que supone unos 11.200 euros netos al año, y que tienen dificultades acreditadas para el abono del arrendamiento. La ayuda garantiza que el esfuerzo económico de los inquilinos para pagar las rentas no supera el 25% de los ingresos familiares. Los receptores deberán disponer de un informe, emitido por los servicios sociales que correspondan, donde se refleje la situación de especial vulnerabilidad en relación con su composición familiar, la necesidad de vivienda, los ingresos percibidos, así como otras especiales circunstancias que deban tenerse en cuenta.

 

Los miembros de la unidad familiar no podrán disponer de la titularidad o un derecho real de uso sobre ninguna otra vivienda. La subvención contribuirá al pago de las mensualidades correspondientes al año 2014, incluso de manera retroactiva.

 

Con la adhesión de Lucena, el número de entidades colaboradoras asciende a 49 repartidas en las ocho provincias, incluyendo la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda. El plazo para que los ayuntamientos y otras instituciones interesadas se den de alta como entidades colaboradoras concluye el 1 de octubre. En la provincia de Córdoba, los municipios acogidos a la iniciativa son Palma del Río, Villa del Río, Montoro, Alcaracejos y la capital cordobesa.

 

Este programa de subvenciones contribuye a combatir el stock de viviendas protegidas de titularidad pública que aún se encuentran vacías en Andalucía, al permitir a las entidades que mantienen inmuebles cerrados darles uso mediante un alquiler social. La medida también busca erradicar los desahucios en parques públicos de Andalucía.