POLÍTICA. El Partido Popular de Lucena ha reclamado la dimisión del alcalde Juan Pérez, del concejal de Personal, José Cantizani Bujalance, del concejal de Cultura, Manuel Lara Cantizani, y del edil de IU Miguel Villa, en relación a su labor en el anterior cogobierno como primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo.

 

Son varios los asuntos que el PP denuncia y que le llevan a esta conclusión, exigir la dimisión de los cuatro políticos citados. El concejal popular Julián Ranchal ha explicado que, por acción u omisión, Pérez, Villa, Lara y Cantizani son los responsables políticos de que en el Ayuntamiento de Lucena siguen cometiéndose irregularidades como son que contratos temporales devengan a indefinidos.

 

Ranchal recordó que en la Corporación precedente, en el pleno del 17 de diciembre de 2017, él mismo ya hizo público que 40 trabajadores temporales habían pasado a ser indefinidos sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder al empleo público, solicitando al cogobierno PSOE-IU que adoptara las medidas oportunas para que esto no volviera a repetirse.

 

Sin embargo, señalan desde el PP, esto ocurrió de nuevo este verano. El 7 de agosto de 2015, un decreto de Alcaldía declaraba indefinido al arquitecto contratado temporalmente para elaborar, dirigir y supervisar las obras de remodelación del casco histórico de Lucena. En ese decreto, el informe de una técnica municipal sostenía la irregularidad del hecho citando a su vez otro informe de la jefa de Obras e Infraestructuras del Consistorio que daba fe de que al arquitecto en cuestión se la habían realizado más encargos aparte del por el cual inicialmente fue contratado “a requerimiento de la Corporación” atentado así contra el objeto del contrato temporal que quedaba vacío de contenido. La técnica pedía además que se tomaron medidas para evitar estas situaciones.

 

Pero el 9 de septiembre se hizo indefinido al portero del colegio del Prado, que tenía contrato temporal, alegando el equipo de gobierno que ese puesto “es estructural del Ayuntamiento” y no se puede ocupar con un contrato por obra y servicio.

 

Días después, el 16 de septiembre, pasó otro tanto con un maestro de música de la Escuela Municipal de Música y Danza, con un contrato temporal para el curso 2011-2012 que se le fue renovando curso tras curso hasta la fecha, superando los 24 meses efectivos de trabajo lo que obliga según la normativa vigente a hacerlo trabajador indefinido.

 

El responsable máximo de estas irregularidades que permiten la contratación indefinida por la puerta de atrás es el alcalde Juan Pérez, señaló Julián Ranchal. Respecto al arquitecto antes aludido, ahora será despedido como indefinido con una indemnización de cómo mínimo 20.000 euros, mientras que como temporal su despido al finalizar la tarea para la que fue contratado no le habría costado nada a las arcas municipales, según denunció el edil del PP. El responsable concreto de dicha contratación sería Miguel Villa, entonces concejal de Urbanismo, lo que explica según Ranchal que PSOE e IU uniesen sus votos en el pleno del 29 de septiembre para impedir la comisión de investigación propuesta por Entre tod@s sí se puede Lucena y respaldada por el PP, aunque IU previamente en una comisión municipal se abstuvo, cambiando después su voto en la sesión plenaria.

 

 

Por otra parte, Ranchal acusó al alcalde Pérez, a José Cantizani, Manuel Lara y Miguel Villa de “desvergüenza política” por reclamar los tres primeros el cobro de unos trienios que ya habían cobrado dentro del sueldo que perciben del Ayuntamiento, cobrándolos así doblemente, con la firma de Villa autorizando este pago como primer teniente de alcalde ya que Pérez y los Cantizani no podían autoconcederse ese abono.

 

Julián Ranchal indicó que Lara y Cantizani cobran 40.000 euros brutos como miembros liberados del gobierno municipal, en función al salario que percibían como profesores de Secundaria que son. Esa cifra lo engloba todo (sueldo base, complementos salariales, trienios, complementos específicos) al igual que Pérez, que cobraba más pero se tuvo que bajar el sueldo cuando la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local fijó como tope máximo para los ediles un salario de 55.000 euros.

 

Entonces, como ya denunció el PP en febrero de 2015, Juan Pérez y sus dos hombres de confianza reclamaron el cobro de trienios, lo que fue aprobado por el pleno municipal de ese, con un coste de 45.000 euros para el erario municipal.

 

Otra negligencia más del cogobierno PSOE-IU, según del PP de Lucena, es la realización entre octubre de 2011 y octubre de 2012 de una Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) de los puestos de trabajo de la plantilla municipal que resultaba inútil de antemano porque era inaplicable debido a un decreto estatal que impide elevar la masa salarial de los empleados públicos de un año para el siguiente, y que fue seguida por una segunda VPT encargada a una empresa que todavía no la ha entregado un año después de encomendársela cuando tenía un plazo de seis meses que luego se le amplió hasta los ocho y que costará 18.000 euros al Ayuntamiento y tampoco podrá llevarse a cabo por el mismo impedimento legal. El PP cifra el coste de ambas VPT en un mínimo de 20.000 euros, que sumados a los 45.000 de los trienios reclamados por Pérez y los Cantizani y los 20.000 de indemnización por despido al arquitecto de las obras del centro suman 85.000 que pueden llegar a los 100.000 euros según las estimaciones de los populares.