LUCENA.     

El Colegio de Abogados de Lucena, institución centenaria en la localidad con 2.767 colegiados de los que ejercientes residentes son 106 y que presta asesoría jurídica de manera gratuita a vecinos de diversas poblaciones, ha manifestado que luchará de manera individual y colectiva contra la modificación de la Ley 2/1974 de 13 de febrero que supondrá la disolución de colegios profesionales.

En virtud de esa modificación, los colegios ejercerán sus competencias como regla general en el ámbito territorial de la comunidad autónoma y sólo excepcionalmente podrán ser de ámbito inferior, sin que en ningún caso pueda ser inferior al provincial. La previsión contenida en el Anteproyecto, elevada desde el Ministerio de Economía y no del de Justicia, supondrá la eliminación de los 33 colegios de abogados locales o de partido que existen a día de hoy en España entre ellos el de Lucena. Además, este hecho provocaría que los vecinos de toda la provincia de Córdoba deban desplazarse a la capital para poder realizar las gestiones oportunas ya que el órgano colegial no tiene delegaciones en ninguna población.

Según palabras de Juan González Palma, decano del colegio de abogados, esta medida no puede responder a una circunstancia económica pues no supone gasto para ente público alguno y es precisamente la institución lucentina una de las que tiene una cuota colegial más modesta de todo el ámbito estatal en comparación con el trabajo que se realiza. González Palma apuntó además que en sesión extraordinaria celebrada en la sede del Colegio de Reus el pasado 17 de enero todos los centros provinciales, sin excepción, votaron en contra de la medida a pesar de que serían los más beneficiados si esta Ley se llevara a cabo pues supondría, por ejemplo en Córdoba, que los 22.000 colegiados del territorio se circunscribieran al colegio de la capital.

Es por ello que la Junta de Gobierno de la institución ha hecho propuesta mediante documento con entrada en el registro del ayuntamiento el pasado 20 de mayo para que este asunto se discuta en el próximo pleno, instando a los políticos al apoyo de su causa explicando que esta institución forma parte de la sociedad lucentina de manera histórica y cumple una importante labor en defensa de los derechos de los ciudadanos.