Tal y como prometían en el primer comunicado suscrito por todo el colectivo de la Policía Local, medio centenar de agentes organizados en turnos, han vuelto a hacer patente su desacuerdo con el equipo de gobierno negándose a desalojar el ayuntamiento en el momento en que los ediles se reunían para la Mesa de Negociación a las 18 horas de la pasada tarde.

La peor parte se la ha llevado José Cantizani, concejal de Personal y Pepe Martos, delegado sindical de USO, a los que han increpado cuando subía las escaleras del consistorio para llegar a la reunión en la que se discutiría además de la situación de estos trabajadores, otros puntos referentes a la vida política local. Este malestar, como expresaban en nota de prensa posterior está motivado por la “nefasta gestión de recursos humanos (ha sido un año de despidos improcedentes que han costado decenas de miles de euros, etc) y confusa en cuanto a la negociación de la V.P.T. (valoración de puestos de trabajo)”.

En entrevista posterior realizada a María del Mar Morales, concejala de Seguridad y Tráfico expresaba que se están buscando resquicios legales a la imposición de la Ley Presupuestaria para 2013 que indica claramente que "no se puede aumentar la masa salarial".

Para este viernes se va a emplazar a todas las partes a otra reunión en que representantes de todos los grupos políticos, el alcalde de Juan Pérez, el concejal de Personal, el secretario y la interventora del ayuntamiento junto con los sindicatos intentarán sopesar todas las salidas a la V.P.T. para mermar la inamovilidad de la ley.

Según indicaba Morales, el informe técnico que se ha estado elaborando durante prácticamente todos los miércoles del último año y el empeño por continuar negociando a pesar de las manifestaciones demuestra la voluntad política en solucionar el conflicto.

Sin embargo, tal y como expresan el colectivo de la Policía Local se están realizando amenazas de apertura de expedientes disciplinarios si no se acata la orden de ingreso por multas prevista en el presupuesto de 2013 que asciende a medio millón de euros.

El colectivo, para continuar con la presión hacia el co-gobierno municipal sólo trabajará a estricto reglamento y requerimiento ciudadano, y se negarán a los servicios extraordinarios durante el mes de enero.