La Lupa

"El Periódico digital para el sur de Córdoba"

El arquitecto municipal de Cabra considera al actual equipo de gobierno (PP) como el peor en veintiún años

Desde hace un tiempo este medio tiene en su poder y, por tanto, copia de varios escritos que el arquitecto municipal, Antonio Moya Somolinos, ha remitido al alcalde de Cabra donde expone distintas circunstancias que tienen que ver con su persona y su relación con el ayuntamiento de Cabra.

Algunos de los esos escritos tienen una extensión considerable, ya que en ellos el suscribiente se explaya en los pormenores de los temas que se tratan. Vamos a tratar de concretar lo que a nuestro criterio puede ser más considerable como noticia.

El primero al que queremos referirnos es al del 22 de marzo del corriente en el que la Nave de Galisteo es el eje del asunto, puesto que Mercedes Barranco, de la ejecutiva de Ciudadanos en Cabra, le consulta al señor Moya si todo lo que dijo sobre este tema en la entrevista que Sur de Córdoba le hizo en el 2017 es cierto. Él le dice que por supuesto que lo es. Ella le comenta que resulta que el sr. alcalde parece que hizo unas declaraciones, que recogieron dos medios, donde amenazaba a la señora Barranco por manifestar ante la prensa exactamente lo mismo que el señor Moya decía en esa entrevista. El arquitecto municipal manifiesta seguidamente que al margen de pugnas políticas en las que él no participa, quiere dejar clara su postura haciendo una serie de puntualizaciones como arquitecto municipal.

En ellas habla de su labor profesional y de la razón que le ha dado el TSJA a la familia demandante, y que por ende a él puesto que su valoración era similar a la de la familia Pavón. Dice que con los mismos criterios valoró otros locales, como el parking de la calle Julio Romero y un solar expropiado en Santa Teresa Jornet, que sí contaron con la aprobación del equipo gobernante, y dice no entrar en la valoración de ese trato desigual por parte del ayuntamiento (que parece ser la causa que ponía en duda la sra. Barranco), él entra en los aspectos técnicos, pero, sobre las declaraciones de la sra. Barranco dice que le “parece lícito que desde la ciudadanía se busquen y se expongan interpretaciones políticas, pues están en su derecho a opinar, y dentro del sistema democrático en el que estamos, esos ciudadanos están en su derecho de remover de sus cargos a los políticos actuales si entienden que no han gobernado correctamente.”

Otra cuestión es, en opinión del sr. Moya, que si el alcalde declara sobre lo dicho por la sra. Barranco que sus palabras son “infundadas declaraciones fruto del desconocimiento y de la clara intención de difamar, confundir y enturbiar la política local”, siendo tomadas por ella de sus declaraciones a este medio, él considera esos reproches del alcalde de “intolerables, puesto que lo declarado por él lo hizo desde el fundamento y el conocimiento, sin ninguna intención política y mucho menos de difamar, confundir o enturbiar nada”. Y además añade que si las declaraciones del alcalde se le hubieran hecho a él de modo directo y público, probablemente hubiera emprendido acciones judiciales. Y dice que esas declaraciones pueden dañar su buena fama como empleado público y dejarlo bajo sospecha. Y termina con que todas las puntualizaciones son en defensa de su buen nombre y buena fama, y el empeño de no permitir que nadie la empañe.

En otro apartado relata el sr. Moya las peripecias judiciales del caso de la nave de Galisteo, y muestra su extrañeza por ser llevado como testigo-perito por la parte que demanda al ayuntamiento para el que él trabaja, cuando debería ser al contrario, que el ayuntamiento debería contar con sus empleados públicos para defender la legalidad, y no con técnicos de la calle.

Sobre la compra que el ayuntamiento hizo del terreno para el parking de la calle Julio Romero, dice el arquitecto en su escrito que ya advirtió en un informe de noviembre de 2015 a la concejala de urbanismo en los siguientes términos “Mi opinión es que para un caso como este lo más aconsejable y transparente es la expropiación, que es un medio perfectamente regulado, objetivo, incontestable y justo. En este caso, al no estar los terrenos incluidos en unidad de ejecución el procedimiento a seguir sería el de la ley de Expropiación forzosa”. Sostiene que sólo valoró e informó de ello, y que hasta que no se hizo el concurso de proyectos no supo más del asunto, y es que le pidieron ser tribunal unipersonal y lo hizo, informó a cada concursante de la valoración de su proyecto, así como a la Secretaría general, al alcalde y a la concejala de urbanismo. Dice que nadie presentó objeción o alegación alguna con lo que aceptaron libremente su dictamen en su totalidad. Por lo tanto, no se entiende que le recriminen a la sra. Barranco lo que dijo, puesto que era lo que él había declarado sobre todo este asunto, salvo las valoraciones políticas en las que el arquitecto nunca entró y sí la sra. Barranco.

Resume que “es evidente que la corporación ha tenido un fallo garrafal en el caso Galisteo, con graves perjuicios económicos para el ayuntamiento. Esto es un hecho incontrovertible. Debería haber sido lógico que hubiesen hecho una autocrítica, y pienso que, en este caso, habrían sido tratados con mayor benevolencia por parte de la oposición, y más en un periodo preelectoral…”

El extenso escrito tiene un apartado final que se refiere a otro asunto, que también por escrito el día de antes había presentado el propio sr. Moya acerca de la nueva ubicación de la Feria de Cabra, el cual redactó tras una pregunta que le hizo el líder de Unidad Vecinal Egabrense (UVE) Manuel Carnerero consistente en la legalidad del planteamiento que hizo el equipo de gobierno. Su opinión es que no, basado en que la Feria es un uso dotacional claramente que pertenece al Sistema General, que dice que es “lo más sagrado” de un Plan General de Ordenación urbanística. Y considera errado el planteamiento del ayuntamiento de enfocar el tema como un expediente de contratación en lugar de hacerlo a través de un expediente urbanístico. Añade que habría que llevar a cabo una Innovación de planteamiento, es decir, del PGOU, y una Modificación Estructural que no le compete al ayuntamiento sino a la Junta de Andalucía. E insiste en que llegado el momento habría que actuar a través de una expropiación forzosa y no por compra al dueño del terreno, sea quien sea, para mantener así el principio de transparencia que va en beneficio de todos.

Pues bien, el sr. Moya recibe un whatsapp del alcalde, que dice haber querido entender como “juicio temerario y no como calumnia” (adjunta esos mensajes) puesto que en ellos Fernando Priego le recrimina que para contestar a lo que le dicen de la Feria sí hay tiempo “pero para informar de la licencia de un ciudadano que lleva esperando año y medio no”. El sr. Moya defiende que él solo ejerció su libertad de expresión en horas fuera del horario laboral. Y añade también “en este pueblo parece que todo el mundo tiene que estar callado a la espera de qué es lo que dice usted, y a partir de ahí no rechistar y decir amén a todo. Y continúa, “esta presión hacia quien no opina como usted está haciendo de este ayuntamiento un lugar irrespirable. Lo he comentado con muchos funcionarios que opinan lo mismo. En este ayuntamiento, cualquier funcionario que tenga una cierta edad está loco por jubilarse... Le puedo decir que esta corporación que ahora acaba es, sin lugar a dudas, la peor, en mi opinión, desde el punto de vista laboral en todos los aspectos y con diferencia.”, refiriéndose a sus 21 años de servicio en este ayuntamiento.

Le adjunta un pequeño estudio sobre el acoso laboral, dejando claro que con ello no le acusa de nada, dice que solo es una invitación para que reflexione, si quiere, sobre el tema. También le dice al alcalde, “usted lo politiza todo… Y son buenos los que a usted le parece que son buenos porque opinan lo que usted diga”. Y más adelante y terminando le añade “parece que usted es incapaz de convivir con quien opina distinto de usted. Para usted lo único que cabe ante quien opina distinto de usted es el ataque descalificador, agresivo, hasta conseguir anularlo.”

Y termina diciendo que presentó el escrito por dignidad y para defender su buen nombre, sus derechos sobre los que no permitirá que nadie los merme.

Para no hacer más largo el tema de los escritos, hemos decidido que próximamente sacaremos a la luz otros escritos del arquitecto municipal, Antonio Moya, en una segunda entrega. Pero no queremos dejar de puntualizar algo, y es que a estos dos escritos, a los que se hace hoy referencia, no ha contestado el señor alcalde, Fernando Priego, de ahí que no pongamos nada de su respuesta pues no la ha habido, sólo la contestación por whatsaap a la que hemos hecho referencia.