Córdoba

Los trabajadores de Locsa, centenaria factoría metalúrgica cordobesa que su actual propietaria, la multinacional italoalemana KME, quiere cerrar y prescindir de sus 120 empleados, retoman este martes el diálogo con los dirigentes de la compañía en la apertura de una mesa de negociación, en la que los trabajadores buscan evitar el cierre y "reconducir la situación", tras la última mesa de negociación en julio que acabó sin acuerdo.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa de Locsa, Francisco Pozuelo, cree "necesario" abrir una mesa de negociación para "que queden sin efecto los traslados de once compañeros a Barcelona y los despidos", para ello ha hablado con la dirección de KME con "la idea de que Locsa no se cierre, pero si no hay nadie que apueste por una industria como esta, será difícil que los trabajadores sigan peleando por la reivindicación tan anhelada como es mantener la industria en Córdoba".

Asimismo, proclama que "hay que discutir las mejores condiciones para los trabajadores", al tiempo que puntualiza que en dicho encuentro también se le exigirá a la factoría el pago de los salarios del mes de julio que hasta la fecha no han cobrado los empleados.

Al respecto, detalla que "el optimismo ahora es que la fábrica siga funcionando y se materialicen todos los apoyos morales", después de que la última mesa de negociación en julio concluyera sin acuerdo y "no haya habido ningún contacto con la empresa en agosto, hasta ahora".

Mientras tanto, Pozuelo reivindica que en el tema de los doce traslados de empleados a la factoría de Barcelona "hay una consideración distinta, que no se ha recogido en el acta" de la reunión en el Sercla que concluyó sin avenencia hace un par de semanas, y es que sobre los traslados "no había nada acordado y es una imposición obligatoria".

Según explica, "acogiéndonos al Real Decreto del 10 de junio, le haremos llegar a la autoridad laboral de Córdoba que utilice el artículo 29 de dicho decreto en el que se dice que de forma cautelar la autoridad laboral puede suspender como máximo seis meses la incorporación inmediata de los trabajadores a Barcelona", acción que en principio se llevará a cabo a finales de agosto.

Además, busca "aclarar" el conflicto de los despidos del mes de noviembre de 2010, "un total de 14 compañeros que fueron despedidos por causas económicas y de producción", apostilla Pozuelo, quien lamenta que "la empresa no deja de hacer despidos como los que ha hecho ahora mismo" --en relación a los últimos doce despidos de hace un mes--. Por lo tanto, "podríamos pensar que no se hacen las cosas bien y queremos que intervenga la autoridad laboral", sentencia.

De igual modo, el comité de empresa ha acudido al Sercla para "revisar unas 15 bajas voluntarias forzosas con el fin de estudiar si se ha incurrido en alguna ilegalidad", algo que, a juicio del representante de los trabajadores, "lo hace la empresa para eludir un expediente de regulación de empleo (ERE)".

Los trabajadores no descartan realizar manifestaciones "en función de cómo se desarrolle todo". Así, han decidido "seguir en la lucha" por mantener sus empleos y la actividad productiva de la fábrica, ahora inoperativa por decisión de la empresa.

'LOCSA NO SE CIERRA'

En este sentido, los trabajadores han acordado mantener vivo el lema de 'Locsa no se cierra', que ha marcado todas sus movilizaciones desde que el pasado abril KME anunció que iba a cerrar su planta cordobesa, alegando unas pérdidas acumuladas en los últimos cuatro años de 17 millones de euros, que ahora ha elevado a 20, al contabilizar el primer semestre de 2011.

Después de que la empresa presentara un ERE que afectaba a toda la plantilla y que la Junta rechazó al no verlo justificado, y tras el anuncio de KME de que instará concurso de acreedores para Locsa, los trabajadores no se van a rendir y, según ha subrayado Pozuelo, van a "intentar meterle el dedo en el ojo a la empresa, usando las leyes".

También piensan aprovechar en su favor "el apoyo incondicional del Ministerio de Industria y de la Junta de Andalucía", pues, según ha recordado el sindicalista, las administraciones públicas están dispuestas incluso "a ayudar económicamente en todo lo posible para continuar la actividad, con un nuevo modelo industrial, sin ningún problema", y los trabajadores utilizarán esa baza y cualquier otra legal que tengan a su alcance, "para parar este envite de la empresa", que la pasada semana despidió a 12 trabajadores y decidió el traslado forzoso de otros once a sus instalaciones de Barcelona.

Frente esta estrategia de KME, los trabajadores de Locsa siempre han destacado que la fábrica cordobesa es viable y rentable a plena producción y que incluso podría generar más empleo, una vez recuperados los clientes y las líneas de distribución de su producción de laminados y derivados de cobre y zinc en cuatro continentes, que KME había desviado en favor de sus factorías de Italia y Alemania, siendo esa la razón por la que la multinacional no estaría dispuesta, según los trabajadores, a dejar Locsa en manos de otro inversor, para que no le haga la competencia.