CULTURA. El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, junto con representantes de otros 10 ayuntamientos andaluces, entre ellos el de Sevilla, Juan Espadas, y el presidente de la asociación andaluza de profesionales de la gestión cultural (GECA), Rafael Morales, han registrado este lunes en el Parlamento andaluz la iniciativa legislativa por una Ley Andaluza de la Cultura.

Esta Iniciativa fue un mandato del Congreso Andaluz de la Cultura y la Gestión Cultural coorganizado por GECA y el ICAS-Ayuntamiento de Sevilla en noviembre de 2020 con el patrocinio de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. El sector concluyó que impulsar una Ley Andaluza de la Cultura sería una importante herramienta para garantizar los derechos culturales de la ciudadanía y dar seguridad jurídica al sector. 

El texto propuesto ha contado con las aportaciones de las 52 asociaciones y entidades que confirman el Grupo de Rescate del Sector Cultural Andaluz.  Para promover esta iniciativa se ha acordado emplear el cauce que establece la ley a través de los municipios, de forma que el proyecto ha sido respaldado por once plenos de todas las provincias y de municipios de distinto tamaño con una representación total de más de 640.000 electores.

Además, de Montilla y Sevilla, respaldan formalmente la propuesta los consistorios de Andújar, Arjona, Ayamonte, Carboneras, Conil, Cortegana, Genalguacil, Dalías y Peligros, de modo que la localidad montillana se convierte en la única cordobesa en impulsar esta iniciativa legislativa. 

Con esta propuesta, se pretende que la cultura cuente con un marco jurídico estable que además permita mejorar todos los procedimientos administrativos. Se buscan además garantías de acceso, participación y contribución de todas las personas en la vida cultural; respeto a la libertad de expresión,  creación artística y la identidad cultural y garantías para conseguir la dignidad en el trabajo cultural y el desarrollo profesional. 

La norma plantea un marco legal para la protección y puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial, la accesibilidad universal, y la adecuada dotación presupuestaria de las administraciones públicas para el desarrollo de derechos y deberes.

 La iniciativa legislativa regula así una serie de derechos básicos culturales de Andalucía. Concretamente: 
Derecho a elegir libremente la propia identidad cultural o el derecho a la diversidad cultural.
Derecho a la libertad de opinión y de expresión en el idioma de su propia elección.
Derecho a acceder libre y equitativamente a la cultura, los bienes y servicios culturales prestados por las Administraciones Públicas de Andalucía.
Derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; el derecho a desarrollo de la capacidad creativa y a difundir y distribuir los resultados de su ejercicio.
Derecho a participar en la vida cultural a través de las propias creaciones y prácticas de libre elección en condiciones de equidad, diversidad y singularidad.
Derecho a participar libremente de manera activa e informada en los procesos relevantes de toma de decisiones en materia de programas y políticas públicas culturales en las que la ciudadanía sea interesada.
Derecho de acceso libre y equitativo al patrimonio cultural material e inmaterial de Andalucía, sea cual sea su titularidad y a disfrutar del mismo, así como a colaborar desde el interior de su comunidad en la recuperación, estudio, protección, conservación, difusión, puesta en valor y promoción.
Derecho a acceder de manera informada en condiciones de igualdad a la producción de conocimiento de las diferentes culturas tradicionales y populares que configuran el acervo histórico y presente de Andalucía.
Derecho a la recuperación de la memoria cultural e histórica.
Derecho a la producción de información, protección y disfrute de los derechos irrenunciables derivados de las creaciones literarias, artísticas y científicas de su autoría de acuerdo con la normativa vigente en materia de Propiedad Intelectual. 
Una vez registrada esta ley por parte de ayuntamientos andaluces, siguiendo el cauce establecido en la ley autonómica, el Parlamento andaluz debe iniciar su tramitación. El objetivo es que pueda ser aprobada lo antes posible y que forme parte del proceso de recuperación del sector ante las consecuencias de la crisis sanitaria.