El pasado Jueves Santo, en plena precampaña, el señor Juan Manuel Moreno Bonilla visitó el municipio de Cabra, conoció la casa consistorial y a la corporación municipal, paseó por las calles egabrenses en plena ebullición cofrade, brindó, se dio un baño de fotos y masas y se marchó. Todo salió según el guion, salvo un incómodo imprevisto.

Un hombre, en plena calle, comenzó a increpar al presidente de la Junta de Andalucía. La situación se saldó con la intervención policial y la detención del agresor verbal. Después, decenas de titulares se hicieron eco del suceso, puntualizando que el ciudadano que increpó al presidente era antiguo concejal socialista.

Más tarde, con mucho menos impacto mediático, ha trascendido que el hombre está casado con una superviviente de cáncer de mama afectada por el escándalo de los cribados. Ningún posicionamiento periodístico está libre de carga política e ideológica. Más aún, en un contexto de precampaña, la disputa partidista y la intención de influir electoralmente rezuman en el ambiente y se perciben en cada información.

Es interesante cómo en este momento de efervescencia electoral, ante una situación como la ocurrida en Cabra, se sale en tromba hablando de violencia, e intentando vincularla con el adversario partidario. En general, podemos estar de acuerdo en que la violencia no es algo positivo, pero da la sensación de que se habla de ella con ligereza.

La violencia es un asunto complejo de desgranar conceptualmente. Para algunos, es incompatible con la Política. Si se entiende que la Política es la articulación colectiva y deliberativa del poder, la violencia sería un instrumento que destruye el espacio público, las condiciones necesarias para el diálogo, y en definitiva ese ejercicio colectivo del poder.

Hay quien, sin embargo, considera la violencia un acto de poder dentro de los márgenes de la Política, necesaria incluso para la existencia de ese espacio de acción colectiva, y más o menos moralmente rechazable en función de quién la ejerza y cómo de legitimado esté para ejercerla (por ejemplo, siendo legítima la violencia que aplica el Estado para hacer cumplir un orden legal democrático).

Si intentar aclarar qué es la violencia no es sencillo, intentar definir si un hecho concreto es violencia también podría estar sujeto a matices. Puede que sea violencia el grito descarnado de impotencia de un ciudadano, que frente al cinismo de unos representantes públicos que han abandonado a su suerte a miles de mujeres, ve cómo la desgracia se ceba con su familia.

Quizá es violencia la gestión de los servicios públicos, y en particular de la Sanidad, por parte de la Junta de Andalucía, que condena a miles de personas a la incertidumbre, el miedo, el dolor y la muerte. Violencia estructural de un modelo que apuesta por la gestión privada de los servicios públicos y que no tiene reparos en debilitar de forma premeditada la calidad y la capacidad de la Sanidad Pública. Violencia sistémica que hace que el retroceso de los derechos sociales y los servicios públicos supongan la desprotección de la mayoría social precarizada.

También podría haber violencia, personal y salvaje, en la comunicación política del señor Moreno Bonilla, que en la búsqueda de un relato favorable fue capaz de negar la mayor en el escándalo de los cribados, intentando ocultar primero el problema, minimizar después su impacto, culpabilizar a las víctimas vinculando sus reivindicaciones a intereses partidarios, infantilizar a esas mismas víctimas con la deplorable afirmación de que si no se comunicó era “para no alarmar”, y finalmente olvidar a esas víctimas concurriendo a unas nuevas elecciones con la esperanza de que el asunto haya quedado lo suficientemente lejano para no tener que dar más explicaciones ni rendir cuentas.

Siendo minuciosos, podríamos cuestionarnos si es violenta la usurpación de la Presidencia de la Junta de Andalucía, que representa y debe representar a toda la ciudadanía andaluza, para desde su pátina institucional convertir una visita oficial en un claro acto electoral y de partido.

Tal vez incluso haya violencia en el intento de patrimonializar una tradición como la Semana Santa, una celebración popular, trasversal y festiva. Y todo esto sin hablar del elemento religioso y de lo impúdico que debe resultar para los creyentes que se mendiguen votos y se mercadee con intereses partidistas en Jueves Santo.

En vista de todo ello, y pese a la complejidad, en este caso es oportuno condenar la violencia.