SEGURIDAD. El Ministerio del Interior ha decidido facilitar a la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio mecanismos de comunicación y cooperación directos con las unidades policiales que investigan episodios que pueda revestir las características de los delitos de odio y en los que, por su gravedad, complejidad o trascendencia, sea conveniente que los investigadores cuenten con el apoyo y asesoramiento de los expertos del departamento.  

Así lo ha anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en rueda de prensa ofrecida al término de la cuarta reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio 2019-2021.

Grande-Marlaska ha explicado que el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha dictado una instrucción para que los responsables de la Oficina Nacional puedan efectuar un seguimiento directo y específico de aquellos casos de delitos de odio que adquieran especial relevancia por la alarma social que representen, por la complejidad del hecho investigado o por la gravedad de los posibles delitos cometidos.

En estos supuestos, los miembros de la Oficina Nacional podrán desplazarse a cualquier dependencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para asegurar la más estrecha relación con los investigadores, ya sea a iniciativa de la propia oficina o a solicitud de las unidades policiales de investigación.

Según ha informado el ministro del Interior, el secretario de Estado de Seguridad prepara una segunda instrucción que modifica el Plan de Actuación y Coordinación Policial contra Grupos Organizados y Violentos de carácter juvenil, al objeto de mejorar la elaboración de los atestados policiales para que integren todos aquellos indicios que permitan entender determinadas conductas delictivas como delitos de odio o agravadas por la circunstancia de discriminación prevista en el Código Penal. 

SEGUNDO PLAN DE ACCIÓN

La comisión de seguimiento ha hecho un balance positivo del grado de cumplimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, ya que de las 54 medidas a ejecutar para alcanzar un total de trece objetivos distintos se han cumplido 48 en dos años y medio de trabajo.

Las seis medidas restantes están todavía en proceso. Relacionadas con la construcción de un marco estable de cooperación con organismos públicos y colectivos sociales implicados en esta problemática, se han visto lastradas por las restricciones impuestas por los protocolos sanitarios frente a la pandemia. 

El ministerio va a seguir trabajando en ellas hasta asegurar su ejecución, y por ello van a ser incluidas también en el segundo Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, que se elaborará y aprobará en el segundo semestre del año para que su vigencia se extienda entre 2022 y 2024, y cuyo eje estratégico principal se centrará en el apoyo y protección de las víctimas.