El Partido Popular considera que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y el ex presidente Manuel Chaves son los "principales responsables políticos" del escándalo de los ERE. Así lo señalan las conclusiones que el PP andaluz presentará a la comisión de investigación parlamentaria que hoy avanzó el portavoz, Carlos Rojas. Rojas afirmó que "no hay espacio para la duda" sobre que Chaves y Griñán "convivieron durante años con un sistema totalmente corrupto." Agregó que queda "probado que la Presidencia de la Junta conoció y amparó por conveniencia política la concesión de ayudas públicas otorgadas sin ley y de forma arbitraria y fraudulenta", por lo que ambos "tienen que asumir su responsabilidad política".

El portavoz popular señaló que en sus conclusiones el PP pide la dimisión de ambos y de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, y de otros doce ex altos cargos de la Administración autonómica entre 2011 y 2010, como son los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio; los ex viceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas; los ex directores de la Dirección General de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera; los ex consejeros de Innovación Francisco Vallejo y Martín Soler; la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y el ex consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías.

En este sentido, Rojas dejó claro que el PP "estará en contra de cualquier conclusión que no incluya a Chaves y a Griñán", ya que consideró inverosímil que desconocieran los hechos tras los reiterados informes de auditoría de la Intervención General.

INSTRUMENTO ILEGAL, ARBITRARIO Y OPACO

Además, en las conclusiones del PP andaluz se considera como "hechos probados" que en el seno del Gobierno andaluz "se articuló un instrumento ilegal, arbitrario y opaco de ayudas del que se han derivado numerosas ilegalidades y un menoscabo de fondos públicos evidente" y que durante los años investigados funcionó "una trama que otorgó ayudas fraudulentas y de la que se beneficiaron los propios miembros del gobierno andaluz, amigos y familiares afines al Gobierno y al Partido Socialista, empresarios próximos al poder, despachos de abogados, mediadores, compañías de seguros, comisionistas, quienes recibieron cuantiosas subvenciones y comisiones concedidas sin norma y sin control".

El PP también concluye que este escándalo "no era cosa de tres o cuatro golfos" y que, "habida cuenta del dilatado tiempo en que funcionó este mecanismo de reparto de dinero público y el caso omiso que hizo el gobierno andaluz de las alarmas que detectaron el fraude, desde el Ejecutivo se ideó, se toleró y se tapó una forma de proceder claramente ilegal" porque hasta 2011 no se aprobó una norma que regulara las ayudas sociolaborales con requisitos, plazos y normas de control.

Rojas recordó que a pesar de que en 15 ocasiones la Intervención General "dio cuenta fehacientemente a las Consejerías de Empleo, Innovación Ciencia y Empresa y Economía y Hacienda de las ilegalidades detectadas", este sistema de concesión de ayudas continuó "sin que nadie pusiera remedio". Añadió que las ayudas concedidas, "además de ilegales, son nulas de pleno derecho como así lo ha confirmado el propio Gobierno Andaluz a través de las resoluciones masivas aprobadas por la Consejería de Empleo declarando la nulidad de todas las subvenciones del programa 31L".

En sus conclusiones, el PP también exigirá responsabilidades al presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, si antes del viernes no remite a la Comisión de Investigación el expediente completo sobre las ayudas sociolaborales otorgadas por la Junta y solicitado por la comisión de investigación. Agregó que detrás de la falta de colaboración por parte de la Cámara de Cuentas existe una "clara intencionalidad política."

Por último, el portavoz popular pidió que Izquierda Unida demuestre su coherencia exigiendo la dimisión de Griñán y que "no se desmarquen" en las conclusiones de la actitud demostrada durante los interrogatorios al presidente y al ex presidente de la Junta.