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Asaja-Córdoba ha constatado, "con enorme sorpresa y perplejidad", que la Subdelegación del Gobierno en Córdoba considera, y así lo ha comunicado por escrito a los afectados, "que no es actividad empresarial la desarrollada en un establecimiento agrario", de modo que no tienen derecho a las ayudas prometidas por el Ejecutivo para paliar los daños por las inundaciones.

Esa es la argumentación, según ha informado la patronal agraria en un comunicado, que se ha utilizado "para denegar a los agricultores y ganaderos de la provincia de Córdoba las ayudas para sufragar los daños que las adversidades climatológicas produjeron en sus establecimientos agrarios, ayudas que solicitaron al amparo de lo dispuesto en la Ley 30/2010, de 10 de marzo, de medidas urgentes para paliar daños por las inundaciones".

En consecuencia, según Asaja, "ningún agricultor o ganadero de la provincia de Córdoba va a poder cobrar un solo euro en concepto de ayudas por los daños producidos por las adversidades climatológicas del último invierno", pero "no sólo por las condiciones de exigencia que se imponían a los posibles solicitantes de las ayudas, sino porque, aún cumpliéndolas, el Gobierno de España las deniega utilizando para ello argumentos carentes de fundamento, como el que no es actividad empresarial la desarrollada en un establecimiento agrario".

Es decir, "parece que las ayudas que se anunciaron a bombo y platillo para los afectados por las inundaciones, para las que incluso se promulgó una Ley, van a quedar en nada", olvidando que, "en un Estado de Derecho, las normas están para cumplirlas, no sólo por los administrados, sino también por los propios poderes públicos", que son los mismos que las han promulgado. Ante esto, los servicios jurídicos de Asaja van a proceder a recurrir todas las ayudas denegadas.

En este sentido, desde Asaja se ha recordado que "las intensas lluvias acaecidas en la provincia de Córdoba a finales de 2009 y durante los primeros meses de 2010, al ser tan intensas y prolongadas en el tiempo, produjeron efectos catastróficos sobre los suelos agrarios, pues, además de afectar a las producciones agrícolas de la última campaña, ocasionaron daños duraderos en la capacidad productiva de los suelos, debido en unos casos a la erosión hídrica y a corrimientos de tierras y en otros al depósito de materiales arrastrados por las aguas sobre los campos".

Todos estos efectos "devastadores" en el sector agropecuario cordobés, según Asaja, "fueron reconocidos por el propio Gobierno, que promulgó una serie de normativas legales que amparaban y protegían a las zonas afectadas con un elenco de ayudas e indemnizaciones, pero que a día de hoy han quedado en papel mojado: ni un solo euro han percibido agricultores y ganaderos".