POLÍTICA. El plan de empleo aprobado por el Gobierno de Moreno Bonilla dedica a Lucena 678.909,53€, “una cantidad claramente insuficiente para hacer frente a la situación de crisis económica, laboral y social tan grave que estamos sufriendo debido al Covid-19”. Un presupuesto reducido en más de 1.753.000 euros, con respecto a los 2.520.300 euros que el anterior Gobierno de la Junta de Andalucía, entonces presidido por Susana Díaz, destinó a nuestra ciudad.

Los renombrados planes de empleo, ahora Plan ‘AIRE’ (Activación, Impulso y Recuperación del Empleo), puestos en marcha por la Junta de Andalucía fueron presentados como una iniciativa que, según la propia nota de prensa emitida por los populares, “nace con el objetivo de fomentar la inserción laboral de personas desempleadas y de ayudar a los ayuntamientos andaluces a paliar los efectos de la crisis sanitaria causada por el COVID-19, tras las medidas restrictivas de movilidad y actividad económica adoptadas con la declaración del Estado de Alarma”.

Un objetivo, en opinión de los socialistas de Lucena, poco realista si se compara con los 2.520.300 euros con los que contaba el presupuesto de los Planes de Empleo destinados a nuestra ciudad en la anterior convocatoria, y que permitió al Ayuntamiento de Lucena crear en torno a 260 puestos de trabajo, con perfiles desde los 18 a los 64 años. En esta nueva convocatoria el presupuesto fijado es de 678.909,53 euros, un 72% menos de inversión, pese a las circunstancias que atravesamos.

El PSOE, a nivel provincial, lleva semanas pidiendo un plan especial de empleo que permita paliar las consecuencias de la pandemia del coronavirus y esto es con lo que nos encontramos, “el tijeretazo que Moreno Bonilla ha perpetrado a una de las medidas más esperadas por los municipios y por la ciudadanía, que además se han vuelto a elaborar de espaldas a los ayuntamientos, sin contar con ellos para el diseño de estos planes”.

Una falta de sensibilidad por parte de la Junta en momentos muy difíciles para los andaluces y en los que, supuestamente, las administraciones públicas deberían trabajar unidas, volcando todos sus recursos para no dejar a nadie atrás. La respuesta del Gobierno del cambio, de nuevo a peor, es reducir estos recursos y perjudicar así a las familias lucentinas más vulnerables.