LUCENA.      

La senadora del PP y presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Jurado y la Vicepresidenta de la Diputación, María Jesús Botella se han acercado en la mañana de este jueves hasta Lucena para hacer balance de las políticas del PSOE e IU tras la marcha de la presidencia de José Antonio Griñán que delegó el cargo en su mano derecha Susana Díaz.

En la rueda de prensa, celebrada en la sede local, le acompañaba el presidente del PP lucentino Manolo Gutiérrez que además ha dado a conocer algunos temas que abordarán en próximas convocatorias con respecto a la política local. Sí adelantó, corroborado por la senadora, que a principios de octubre, mantendrá una reunión con el Subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado para hacer de mediador con el Ministerio de Fomento en los asuntos que denunció hace apenas unos días la Asociación Parque Príncipe Felipe instando al PSOE e IU locales a que no den pasos sólo ante las amenazas de un corte de carretera.

Beatriz Jurado destacaba en primer lugar, los beneficios de la tan denostada reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno Central hace ahora un año y medio con un balance muy positivo que ha frenado la destrucción de empleo en un 5%, ha reducido la precariedad laboral ascendiendo la contratación fija y proponiendo alternativas al despido. En lo que respecta a la Junta sobre este asunto, Jurado manifestaba que de los 629 millones de euros que el ente autonómico presupuestaba para 2013, sólo ha ejecutado hasta la fecha un 15% con sólo 182 contrataciones en toda la comunidad de los cuales 33 corresponden a la provincia de Córdoba. Criticaba la presidenta de NNGG que en el discurso de envestidura de Susana Díaz esta última ni siquiera había pronunciado la palabra “Córdoba” aunque le seguirán pidiendo trasparencia y “que se gaste el dinero” junto con sus socios “comunistas” en los andaluces.

María Jesús Botella se refería más a asuntos provinciales una vez calificaba de “traición y fraude” la huída de Griñán dejando más de 100 actuaciones sin ejecutar en el territorio cordobés (Sociosanitario en Lucena, Ciudad de la Justicia en Córdoba, Autovía del Olivar, Parque Agroalimentario en Aguilar, CHAREs en Palma del Río y Priego y Centro de Salud en Puente Genil entre otros).

La vicepresidenta de la Diputación explicaba que quienes más han sufrido el abandono de estas políticas radicalizadas por la entrada en el juego del socio IU han sido los ayuntamientos a los que la Junta de Andalucía debe 34 millones de euros según datos ofrecidos por los consistorios gobernados por el PP.

A este respecto, lo más significativo es el parón absoluto de las políticas activas de empleo, sin la convocatoria en 2012 ni 2013 de escuelas taller y habiéndose ejecutado sólo el 50% de las de 2011. Sobre los Centros Especiales de Empleo, el PSOE debe 455.000 euros a entidades como AMARA abocándolos a su desaparición. Seguía enumerando la también concejal en el ayuntamiento de la capital que aunque se anunció “a bombo y platillo” el Plan de Choque para el Empleo en agosto de 2012 (a través del plan OLA, forestal y de rehabilitación de viviendas), sólo han llegado a la provincia 167 contratos y apenas 193 “bonos jóvenes” de 400 euros aunque existen 13.062 cordobeses menores de 35 años sin empleo.

Botella ha dicho que “el gobierno andaluz es dañino para la sociedad” debiendo 18 millones de euros en asistencia domiciliaria a las ciudades cordobesas y paralizando 500 expedientes para el reconocimiento de pacientes dependientes.