PLENO. El Pleno del Ayuntamiento de Lucena, reunido anoche en sesión ordinaria correspondiente al mes de junio, ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular solicitando la revocación del Real Decreto 422/2025, que suprime las competencias en materia de violencia de género del Juzgado de Lucena, trasladándolas al Tribunal de Instancia de Córdoba. La medida, que entraría en vigor el 31 de diciembre, ha sido rechazada por todos los grupos con representación municipal al considerar que perjudica gravemente tanto a las víctimas como al personal jurídico del partido judicial de Lucena.

Durante el debate plenario, la concejala del PP, Charo Valverde, fue la encargada de defender la moción, que también recoge el respaldo del ayuntamiento a las acciones emprendidas por el Ilustre Colegio de Abogados de Lucena y reclama al Gobierno central la revisión del decreto. Valverde agradeció el apoyo unánime del Pleno y expresó el compromiso del consistorio con la defensa de un modelo de justicia cercano y accesible.

El portavoz de Izquierda Unida, Miguel Villa, justificó su apoyo a la moción señalando que, si bien el decreto parte de una voluntad de mejora, sus consecuencias son perjudiciales para los vecinos, los profesionales del Turno de Oficio y el propio Colegio de Abogados, al alejar los servicios judiciales del territorio. Desde Ciudadanos, Purificación Joyera lamentó la centralización de competencias que, según afirmó, “aleja la justicia de quien más la necesita”, considerando que el Gobierno debería “dotar de más jueces, no vaciar de competencias los juzgados locales”.

Por el grupo socialista, Isabel Carrasquilla calificó la medida de “injustificada” tanto por criterios de especialización como de proximidad, al mismo tiempo que propuso solicitar una reunión con la subdelegada del Gobierno para trasladar la preocupación del municipio y defender los intereses de las personas afectadas. Por su parte, la portavoz de Vox, Laura Sánchez, alertó sobre el impacto logístico y operativo del traslado de competencias a Córdoba, tanto para las víctimas como para las fuerzas de seguridad. Asimismo, cuestionó la eficacia de la medida y denunció que podría provocar un incremento en los tiempos de detención, afectando a los derechos de los investigados.

El Ayuntamiento de Lucena trasladará el acuerdo plenario al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial, a la Junta de Andalucía, al Ilustre Colegio de Abogados de Lucena, a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Durante la sesión plenaria, la corporación municipal también aprobó la adhesión a la Declaración Institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, sumándose así al manifiesto promovido por la FEMP para una fecha de alcance mundial que celebra la diversidad y recuerda la importancia de garantizar los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de su orientación sexual.