LUCENA. El Ayuntamiento de Lucena celebraba en la mañana del viernes 3 de octubre sesión plenaria de carácter extraordinario y urgente en la que se ha aprobado el acuerdo alcanzado tras las negociaciones que los técnicos del Ayuntamiento han mantenido con los responsables de la constructora Jarquil Global desde el jueves de la semana pasada. El acuerdo se refiere a la deuda por la revisión de precios de las obras del Auditorio Municipal y los intereses de demora.

 

Según Juan Pérez, alcalde de Lucena (que ha atendido a los medios de comunicación tras la celebración plenaria), la empresa pedía entorno a 160.000 euros a través del contenicioso-admistrativo que le había impuesto al Ayuntamiento por la revisión de precios del edificio municipal que previsiblemente se inaugurará este noviembre. La cantidad que se ha acordado finalmente es de 110.000 euros, con impuesto e intereses incluidos. Pérez ha destacado que este acuerdo es de los más razonables, ya que está por debajo de lo que pedía Jarquil y el informe técnico elaborado por Suvitel (encargada del Plan de Seguridad y Salud, que cifraba todo el importe en 120.000 euros), además de que, de haber llegado a los juzgados, las costas incrementarían considerablemente cualquier cifra.

 

El consistorio pagará en 3 plazos, siendo el primero de ellos en menos de 5 días de 70.000 euros. El siguiente se realizará antes del 31 de diciembre, por 30.000 euros y el último antes del 31 de marzo por 10.000 euros. Esta última cifra ha sido precisamente la causante de que se deba llevar con carácter de urgencia a una sesión plenaria, ya que debe estar consignada en los presupuestos de 2015. Y es que, la Junta de Gobierno local es quien tiene competencia para aprobar la consignación presupuestaria y así se llevó a la sesión celebrada ayer jueves. Pero los 10.000 euros que deberán ser abonados en 2015 requieren el acuerdo de toda la corporación. Durante el pleno, el portavoz del PP, Manuel Gutiérrez ha recriminado al alcalde que no se le haya informado del procedimiento.

 

La constructora Jarquil se hizo cargo de la primera fase de las obras en julio de 2011 tras la renuncia de la empresa Imaga Proyectos, que fue la que consiguió el concurso de adjudicación, por haber entrado en concurso de acreedores.

La magnitud de la infraestructura provocó la adaptación, en varias ocasiones, del proyecto pero sin que la dirección facultativa lo hiciera también en la parte económica. En el pleno del mes de mayo de 2014, el equipo de gobierno adelantó que su intención era llegar a un acuerdo con Jarquil para no ir a juicio por esa revisión de precios.