El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso un proyecto de ley para “frenar” los desahucios que plantea -junto con otras medidas- la modificación de una Ley Hipotecaria “obsoleta e injusta”, como alternativa al Real Decreto que el Gobierno del PP ha aprobado “al dictado de la banca” y que resultará “totalmente infructuoso”, según ha destacado este lunes el diputado del PSOE en la Cámara Baja Antonio Hurtado.

En rueda de prensa, Hurtado, que subraya la urgencia con la que miles de familias afectadas por los desahucios necesitan herramientas que permitan “luchar” contra este problema de “enorme dramatismo social”, ha puesto en evidencia que el nuevo decreto del Gobierno de Rajoy “tampoco aborda con rigor” dicha problemática y “va a significar una nueva medida paliativa sin ningún tipo de repercusión social”.

Así, para resaltar el carácter “totalmente infructuoso” de la política seguida por el PP al respecto, ha recordado que durante el primer semestre de 2012 ha habido 446 lanzamientos en la provincia de Córdoba y ha citado datos del primer balance del código buenas prácticas para la ejecución de préstamos hipotecarios como que “el 81 por ciento de las solicitudes han sido rechazadas” (226 de un total de 278) y el hecho de que “solamente se hayan gestionado ocho daciones en pago y cero quitas”.

También ha insistido en que este nuevo Real Decreto, cuyo contenido no llegó a ser pactado tras romperse las negociaciones entre el PP y PSOE, tampoco resolverá el problema. En esa línea ha manifestado que dichas negociaciones resultaron “infructuosas” porque han debido de haber “presiones externas” que han marcado la redacción del mismo. “Yo diría que ha sido un real decreto dictado por la banca y que el gobierno no ha hecho nada más que transcribir y ponerlo en un papel”, ha asegurado el diputado socialista.

Para Antonio Hurtado, “es evidente que el PP y el Gobierno han abandonado a las familias que se encuentran en situación de insolvencia y que están siendo objeto de lanzamientos y desahucios”, ya que “el primer real decreto ha resultado infructuoso”, por ser “mero maquillaje” y el segundo va a serlo también “totalmente”.

Además, según alerta, también existe “un llamamiento del PP a sus propios alcaldes para que no colaboren con las familias desahuciadas en la solución y la resolución del problema”. Es, a juicio del diputado socialista, “un papel ni acertado ni aceptable que haya una negativa de alcaldes del PP a estas medidas que desde el PSOE estamos defendiendo”.

Por otro lado, tras conocer que miembros de la Plataforma Stop Desahucios habían sido multados desde la Subdelegación del Gobierno por su participación en una movilización, ha rechazado que “se apliquen procedimientos administrativos disuasorios para evitar la presión social contra los bancos cuando es lo único que está surtiendo efecto ante el drama que en la sociedad española estamos viviendo”.

Sobre la falta de acuerdo del PSOE para el nuevo Real Decreto sobre desahucios, ha señalado que se ha perdido la oportunidad de un gran pacto de Estado para abordar la importante reforma que necesita nuestro país de la Ley Hipotecaria, la Ley Concursal y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se trata de normativas “obsoletas y desequilibradas que dan un trato muy de favor a las entidades la financieras y muy desfavorecido a la ciudadanía”.

El Real Decreto del Gobierno tiene el rechazo de los socialistas, según ha explicado, porque “no es una moratoria real” del proceso de ejecución hipotecaria, sino una suspensión durante dos años de la última fase que es lanzamiento, por lo que durante ese tiempo “se van a seguir devengando intereses de demora”, “van aumentar las familias afectadas” y la deuda de éstas continuará creciendo “de forma exponencial.”

Tampoco se aplica de forma universal de forma universal a los deudores de buena fe, de modo que “va a ser muy reducido en el número de familias a las que se le pueda aplicar esta suspensión”, y “solamente afecta a viviendas adjudicadas a la banca no a terceros”, como ha agregado.

Por el contrario, la propuesta legislativa del PSOE recoge “una moratoria real, que suspendan todos los procedimientos estén en la fase que estén”; que la misma “se aplique de forma universal a los deudores de buena fe”, tanto si la vivienda ha sido adjudicada a un banco o una tercera persona; y que “no se devengue más deuda”.

Sobre la eliminación de cláusulas abusivas en los intereses de demora, el proyecto de ley del PSOE plantea que el máximo de pago sea “no más de dos puntos sumados al interés remuneratorio”, de manera que se quedaría en alrededor de “un 5 por ciento, casi una cuarta parte del 20 por ciento” en que está en la actualidad en nuestro país el tipo medio de interés de demora, extremo que los convierte, según Hurtado, en “propios de usura”.

Además, los socialistas abogan por que sea “una sola tasación”, tanto para la concesión como la ejecución de la garantía hipotecaria, y se favorezca la independencia de las entidades tasadoras, y proponen un sistema de reestructuración de la deuda para las personas que están en situación de insolvencia siempre que supere la cuota el 50 por ciento de la renta familiar.

Respecto a la dación en pago, Hurtado se ha referido a ella como “una solución de último recurso porque significa tener que desprenderse de la vivienda”, si bien mejora la situación de quienes no pueden hacer frente a la hipoteca, ya que la entrega de la misma cancelaría la deuda contraída con el banco.

El PSOE aboga asimismo por un parque público de viviendas para dar acogida a familias desahuciadas así como por la posibilidad de gestionar un alquiler social a un precio módico y asumible. Y como medida novedosa los socialistas plantean “un sistema intermediación notarial en el que las entidades financieras se vean obligadas a suscribir un convenio con el deudor para ver la posibilidad de resolver la insolvencia sobrevenida”, algo que ya existe en Francia como ley de segunda oportunidad.

Por último, ha destacado que “a los ayuntamientos les hemos solicitado que colaboren con las comunidades autónomas y con políticas contra los desahucios como las que está llevando a cabo la Junta de Andalucía. “Deben y pueden” -agrega-, tanto a través de la fiscalidad, reduciendo el impuesto de plusvalía como con la negativa a colaborar de las Policías Locales en lanzamientos; también mediante la presión que puedan ejercer como clientes con cuentas abiertas por los consistorios en las entidades entidades bancarias; y con la puesta a disposición de los desahuciados de su parque viviendas sociales.