POLÍTICA. La polémica en torno al aparcamiento público situado junto al Hospital Infanta Margarita y la intención expresada por la empresa que lo gestiona, Martín Casillas, de renunciar a su gestión, aduciendo pérdidas económicas y la posibilidad de que se ponga en marcha otro aparcamiento en una zona cercana, era uno de los asuntos más relevantes abordados en el pleno de Cabra durante el turno de ruegos y preguntas.

 

Este aparcamiento era inaugurado en el año 2012. La concesión a la empresa que gestiona las instalaciones se realizó por un período de 40 años. La empresa trasladaba al Ayuntamiento sus intenciones meses atrás.

 

"Por parte de este Ayuntamiento entendemos que no hemos incumplido ninguna cláusula del contrato, si a esta empresa le va mal el aparcamiento no es por culpa del Ayuntamiento ni de los egabrenses, por eso no deben hacer frente a ningún coste que esta empresa pueda tener en su gestión. Nosotros desde el principio le hemos dicho por activa y por pasiva que estaban equivocados, que los precios eran muy altos", explicaba el alcalde, Fernando Priego (PP).

 

Según fuentes municipales en el escrito dirigido al Ayuntamiento la empresa concesionaria solicita rescindir el contrato, que se llegue a algún tipo de compensación o que se renegocie la concesión.

 

Sobre las cifras presentadas referentes a pérdidas económicas de la empresa por esta actividad, el delegado municipal de Servicios, Juan Ramón Pérez, ha explicado que "en un escrito del 14 de marzo la empresa decía que las pérdidas acumuladas en 3 años son de 350.000 euros, el 18 de julio en su último escrito, es decir 4 meses después, dicen que esas pérdidas se han incrementado hasta los 750.000 euros. En 4 meses duplican las pérdidas, en vez de eso podían haber puesto 1 o 2 millones. Esto es algo que en el caso de seguir habrá que contrastar", explicaba el concejal de Servicios, Juan Ramón Pérez, durante su intervención en relación a este tema, añadiendo que hasta el momento el Ayuntamiento no ha concedido licencia de actividad alguna para una actividad similar.

 

Sobre este tema, el PSOE acusaba al equipo de gobierno municipal del PP de deslealtad institucional por no haber informado sobre el tema al resto de grupos municipales. El alcalde Fernando Priego respondía que la información de que dispone su equipo de gobierno es pública y por ello el concejal de Servicios, Juan Ramón Pérez, la daba a conocer la semana pasada a todos los ciudadanos a través de los medios de comunicación.

 

Días atrás el Ayuntamiento confirmaba que tras ser analizada la petición de la empresa por los servicios jurídicos municipales se trasladó el pasado mes de agosto a la Diputación de Córdoba, ya que tanto la adjudicación de las obras como la concesión fueron realizadas por Provicosa, empresa pública dependiente de la Diputación ya disuelta, que promovió la construcción de las instalaciones y la concesión del servicio.