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IU quiere que la Diputación respalde la solicitud de zona catastrófica que hicieron Aguilar y Bujalance

Aguilar y Bujalance

IU presentará en el próximo Pleno de la Diputación de Córdoba una moción con la que busca que la institución provincial apoye y haga "suyos los acuerdos plenarios de las corporaciones municipales de Aguilar de la Frontera y de Bujalance en relación con la solicitud de zona catastrófica para sus municipios", por los daños que sufrieron con las lluvias el pasado agosto.

Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa la portavoz y la viceportavoz de IU en la Diputación, Elena Cortés y Catalina Barragán, respectivamente, explicando que, tal y como recoge su proposición, lograr dicha declaración de zona catastrófica  "significa la posibilidad de que estos municipios puedan acogerse a lo dispuesto en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión".

De igual forma, IU propone en su moción que se dé traslado de los acuerdos que adopte el Pleno de la Diputación "a los ayuntamientos de Aguilar de la Frontera y Bujalance, a la Mesa del Congreso de los Diputados, a la Mesa del Parlamento Andaluz, al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y al Consejo de Ministros".

DEFENSA DE SERVICIOS ESENCIALES

Por otro lado, IU también llevará otra moción al Pleno provincial, en "defensa de los servicios esenciales municipales ante la liberalización del mercado energético en España" y que conlleva que la Diputación solicite al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  "la suspensión 'sine die' de la penalización del cinco por ciento cada mes en el recibo eléctrico que deben pagar los ayuntamientos por no pasarse al supuesto 'mercado libre' impuesto".

De igual forma, IU quiere que se exija al Ministerio de Industria que, de forma urgente, "considere a los servicios esenciales municipales (alumbrado público, centros de educación obligatoria, guarderías, residencias y centros de mayores, centros de servicios sociales, albergues y a los servicios públicos en general) que tengan una potencia contratada menor o mayor de diez kilowatios, como afectados por la tarifa de último recurso, con la obligación de las comercializadoras de último recurso de prestar el suministro a las corporaciones locales".

 

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