Convencido de que, propulsado por la impaciencia, inquieto lector, durante el ordinario interludio mensual, habrá consultado Wikipedia, no me recrearé en el episodio del buque Turquesa fondeado a unas millas de la costa asturiana y empleado para transportar un alijo de armas y munición, adquirido por el empresario Horacio Echevarrieta, tercero interpuesto y buen amiguete de Indalecio Prieto, tras ser reunido para posibilitar el golpe de Estado contra el dictador portugués Antonio de Oliveira Salazar, pero nunca abonado. Avistado el barco desde la noche del 10 de septiembre de 1934, una vez transportada a tierra firme, la mercancía es cargada en camiones de la Diputación Provincial de Oviedo, bajo presidencia socialista, para ser almacenada y distribuida. La avería de uno de estos camiones el día 11 descubre el tráfico ilícito. El dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Indalecio Prieto, oh casualidad, es detectado pululando por la zona, junto con Amador Fernández Montes y Ramón González Peña, compañeros de partido y diputados, condición que evita su detención; el último, además, es el Presidente de la Diputación Provincial. El Gobernador Civil Marcelino Rico Rivas, del Partido Republicano Radical (PRR), emprende una campaña de destitución de alcaldes socialistas que desata una sucesión de huelgas, hasta que opta por suplir mediante las figuras de delegados gubernamentales. El caso activa a Policía y Guardia Civil, que hallan arsenales repartidos por el territorio nacional, y el Presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora decreta el estado de alarma el 23 de septiembre de 1934. Lo cierto es que la situación del sector minero asturiano es muy precaria, de lo que es consciente todo el bloque izquierdista y obrero, muy influyente y cooperativista (por obligación) en la región. La producción de carbón ha descendido considerablemente en la década, encadenando cierres de minas y despidos de trabajadores, fervoroso abono de la desesperación. Ni el número de ministros, ni las carteras de los ministros, ni el nombre de los ministros de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) nombrados justifica la llamada a la huelga revolucionaria, aunque sí la excusa, pues ha venido gestándose desde hace meses, con tres puntos de coordenadas claves: Madrid, Cataluña y Asturias. Fracasada o apaciguada en Madrid y Cataluña, Asturias transmuta a una práctica insurrección bélica acontecida entre los días 5 y 18 de octubre de 1934. Indalecio Prieto se ha encargado de la preparación militar revolucionaria nacional: búsqueda de armas, captación —sin éxito— de oficiales del Ejército para la dirección militar de las masas de obreros. A raíz del caso Turquesa, se han destapado tres grandes depósitos de armas en la capital (Casa del Pueblo, Cuatro Caminos y Ciudad Universitaria). Aquí, la Unión General de Trabajadores (UGT) declara la huelga en la medianoche del 5 de octubre, donde se alarga ocho días, gracias a una alta participación, aunque los movimientos de insurgencia pronto son apaciguados. En Andalucía, Extremadura, Castilla y Aragón, el campesinado se muestra desmotivado y abúlico, desiste del trance (con excepciones), desinflando la extensión e importancia nacional. En La Rioja, País Vasco y Navarra, destacan municipios como Logroño, Pamplona, Tafalla, Alsasua, Tudela. En Valencia, la UGT es el principal sindicato, desplazando a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), con principales focos de enfrentamiento armado en Alicante, Elda, Elche, Villena, Novelda, y especial violencia de los obreros del puerto de la ciudad de Valencia. En Baleares se refleja Cataluña, cayendo a la par. En Cantabria se mantiene unos diez días, con duros choques con la Guardia Civil y el Ejército, de mayor incidencia en el puerto de Santander y sectores industriales. En las provincias de Palencia y León (ésta prolongación natural de Asturias y salto inmediato en su programa revolucionario), se incendian cuarteles de la Guardia Civil, se secuestran a Guardias Civiles y directivos de las compañías mineras, hasta el punto de que se bombardea con contundencia para acabar con las acciones revolucionarias. La sublevación en el País Vasco es valiosa para los socialistas, pues Éibar es centro neurálgico de la producción armamentística y Vizcaya es un bastión del partido; sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y su sindicato Solidaridad de Obreros Vascos (SOV), de hondas tendencias católicas, no secundan los planes del PSOE y remiten un comunicado a sus afiliados, en el cual se les advierte de que se abstengan de participar en movimientos de ninguna clase y presten atención a las órdenes que en caso preciso sean dadas por las autoridades. En Cataluña, el movimiento revolucionario está vinculado a la cuestión (o problema) nacionalista, así que el día 6 Lluís Companys, Presidente de la Generalidad, proclama el Estado Catalán y, como primera medida, decreta que se deje de hablar castellano en las universidades. Entonces, esta orientación nacionalista del espíritu revolucionario catalán ninguna relación guarda, claro, con la naturaleza obrera de la acción rebelde de los proletarios de octubre de 1934, por lo que la respuesta en la región no alcanza suficiente magnitud, nivel que no impide la declaración de guerra, precisamente, por la proclama independentista, con las tropas al frente del general Domingo Batet, que contienen con rapidez los empeños secesionistas y detienen a Companys, mientras su compadre de desmanes Josep Dencàs huye por las alcantarillas de Barcelona, para cobijarse en Francia (Bélgica pilla algo más lejos). La autonomía catalana es suspendida por el Gobierno y Manuel Azaña, quien, por aquello de que el Pisuerga pasa por Valladolid, ha aprovechado su estancia en el lugar (Cataluña, no Valladolid) motivada por un funeral para azuzar la ejecución separatista, es también detenido. En fin, el gobierno republicano está adoptando medidas enérgicas; por supuesto, José María Gil-Robles se las está exigiendo a Alejadro Lerroux, con aviso de que no se fía del Jefe del Estado Mayor, general Carlos Masquelet, y de que los generales Francisco Franco y Manuel Goded, con experiencia en la represión de la huelga revolucionaria asturiana de 1917, sean los designados para dirigir la actuación contra Asturias desde Madrid. Franco y Goded recomiendan que se traigan tropas de Regulares y de la Legión desde Marruecos, al carecer de integrantes españoles, para sofocar la sedición asturiana. El peso de la Alianza Obrera de la minería asturiana resulta transcendental. Siempre simpatizante del PSOE y la UGT, fomenta las interrelaciones con la CNT y el Partido Comunista Español (PCE); en definitiva, la afluencia a la huelga revolucionaria en Asturias es poderosa. Se toman los cuarteles de la Guardia Civil, operación que envalentona a los insurrectos al extremo de sentirse capacitados para hacer lo mismo con la fábrica de armas de Trubia y adentrarse en los núcleos urbanos periféricos a las cuencas mineras. El Gobierno designa al general Eduardo López de Ochoa como mando del Ejército sobre el terreno asturiano, en coordinación con el general Franco desde el Estado Mayor, y a las tropas marroquíes del coronel Juan Yagüe con orden de desplazarse de inmediato a la región minera norteña. La población minera asturiana ronda, en este momento, los veintiséis mil hombres, liderados como uno solo por el socialista Ramón González Peña, a quien no han podido detener semanas antes por el caso Turquesa. El 6 de octubre ponen rumbo a Oviedo, reduciendo a la Guardia Civil en cada municipio que atraviesan. La capital asturiana es invadida por unos ocho mil revolucionarios, no con muchas armas de fuego, debido a la incautación de los últimos días, pero sí con mucha dinamita, extraída de las explotaciones mineras, y la ciudad se convierte en un campo de batalla con las fuerzas de seguridad locales reforzadas con las de asalto procedentes de las proximidades, conformadas por unos mil quinientos soldados y trescientos Guardias Civiles, atrincherados en sus posiciones.