En este patio de colegio que unos denominan España y otros según les plazca o según les coja el día, existe la afición, visceral e idiosincrática, de criticar y condenar el régimen de descentralización autonómica regulado en la Constitución, cuyo texto, tecleado sea, suele citar el nombre de España. Se critica como germen de división y confrontación fraternal y catalizador de regionalismos y nacionalismos empeñados en desgajar la unidad, pues eso, de la patria, con perdón. Se hace con un deje gratuito, como si fuera un rasgo característico de las fronteras citeriores de la Península Ibérica, como si regionalismos o nacionalismos no los hubiera o hubiese en Italia, Alemania o cualquier otro país que se precie de serlo o, al menos, lo intente (el serlo). Vale que el pejiguero de turno saltará con que el espíritu regionalista no persigue tan ignominiosos objetivos de amputación que, por su parte, sí anhela el nacionalismo, que el regionalismo defiende una identidad dentro de un todo superior. Pero, en esa suerte de beodo escupitajo holístico, si de ponerse a atomizar identidades se trata, cada individuo, como persona en su mismidad (el orteguiano yo soy yo y mis circunstancias), es una identidad hasta dentro de su propia familia, lo cual implica un potencial secesionismo en la república independiente de la casa.
No seré yo quien despotrique impunemente contra el régimen de autonomías. Ha demostrado ser, en general, el más eficaz sistema de administración y gobierno, que no siempre son conceptos idénticos. Pese a las peculiaridades de cada Comunidad, que en ocasiones resuenan como pataletas de niño pequeño llamando la atención de su madre o, en su caso, de la prensa, de esa portada informativa, de esas líneas periodísticas o minutos de televisión, las administraciones autonómicas y sus gobiernos, con sus ingentes cuerpos de funcionarios, cumplen con la loable misión de mantener en marcha una máquina compleja y cargante. Mucho más complicada y problemática de lo que nos dignamos a aceptar, y justo es reconocerles el mérito. Otra cuestión sería que la verdadera intención de la Constitución, en aquel año de 1978, no fue la de conferir tan alto grado (es decir, tanto número) de competencias a las diecisiete Comunidades Autónomas (y dos Ciudades Autónomas, no se olviden), hasta alcanzar un nivel parejo entre todas, salvedad hecha a las concesiones políticas otorgadas a lo largo de nuestra vigente etapa constitucional a un par de ellas, o tres; como también lo sería (otra cuestión) que la Administración, amén de compleja y complicada, es embrollosa y laberíntica, que cada vez concede menos facilidades al administrado y dilata más los procedimientos con acumulaciones, obstáculos, requisitos y subsanaciones interminables, con tasas de gestión abusivas e ilegítimas (¿acaso no pagamos impuestos?) y quebraderos de cabeza agotadores para los interesados… No obstante, de lo primero, teclearé en su momento, o puede que ya lo haya hecho; en cuanto a lo segundo, ya he tecleado, o puede que teclee en su momento, y, de cualquier modo, lo hizo otro muy superior a mí, un escritor con mayúsculas, hace casi doscientos años: Mariano José de Larra.
La dificultad o contrariedad de las Comunidades Autónomas surge cuando se encastillan, amurallando las lindes, aislándose del principio de solidaridad que condiciona el régimen establecido, lo cual, y aunque ninguno de los señores feudales de pitiminí, el primero de ellos incluido, se atreva a denunciarlo (quizá por la expectativa de tener que convertirse en castellano ante similar encrucijada), supone una transgresión a la propia Carta Magna, cuya repercusión, debiendo ser la restricción de competencias, facultades y autoridad con subrogación centralista, por desgracia, queda, si se tercia, en un leve reproche, o ni siquiera en esto, porque no haya agallas (o cojones) de plantear el tema, prevista la reacción, vaya a ser que el señor feudal de turno se encastille, previa notificación a los medios de comunicación, claro está, con rueda de prensa multitudinaria desde las almenas, golpes lastimeros en el peto con el mandilete y votos a Dios por la ofensa y la humillación, que bien merecerían un duelo en el campo del honor.
Algo por el estilo ocurre con el asunto del agua. Todavía no hay conciencia de las diferencias hídricas entre el norte y el sur, tampoco de la sujeción nacional al sur. O hay conciencia y se opta por ignorarla o por volver la mirada hacia otro lado.
Un país (désele el nombre que se prefiera), de contar con la superficie óptima, tiene la obligación de garantizar un mínimo de alimentación a su población, un mínimo de supervivencia alimenticia. Lo contrario resulta ser una intolerable dependencia de la importación. A partir de ahí, las mayores extensiones de terreno cultivable se encuentran en el sur. Sin embargo, lo que escasea en el sur es el agua, es el recurso imprescindible para la prosperidad de los cultivos. El recurso que excede en el norte, donde escasean, precisamente, los latifundios de cultivo. Ante ello, se adolece de una potente fuerza central que imponga la lógica solidaria; mientras que las políticas de las confederaciones hidrográficas australes no son las obras hidráulicas que proporcionen un suplemento de eficiencia en su empleo, sino las aportaciones a las cuencas rascando de extinciones de concesiones y acotaciones de caudales. Mencionar los trasvases del norte al sur equivale a invocar al Diablo, equivale al descrédito y flacidez del poder central, al probable encastillamiento del señor feudal cedente, a la movilización y agitación de sus vasallos y a la súplica al rey con aspavientos de agravio e hincadura de hinojo. Teatrillo que no se monta cuando el turismo septentrional masifica áreas meridionales playeras y rurales, consumiendo sin mesura ni consideración el agua potable.
