José Antonio Rodríguez

Para comprobar que cuando un partido político se perpetua en el gobierno, de una administración territorial, surgen corruptelas; sólo hay que consultar las portadas diarias de cualquier periódico.

Afirmar que las urnas no subsanan estos vicios, por mucho que revaliden y consoliden en el poder a las formaciones en cuyo seno se desarrollan las prácticas torcidas, es indiscutible.

Confirmar que la aparición de gobernantes meramente personalistas, supone, por lo general, una fatalidad histórica; es una realidad. No sólo para el adecuado desempeño de su propia función, también porque no designan en el resto de puestos directivos (de carácter político), inferiores en el escalafón, a los más idóneos para el servicio público; sino a fieles a ultranza. Baste, sin echar la memoria muy atrás, ir a lo inmediato temporal. A la anterior legislatura, en el Gobierno del Estado, y ver que tuvimos ministros, seguramente, aptos como sirvientes del que los nombró (y que resultó ser un iluminado de sí mismo), pero con dudosas cualificaciones para los cargos que ocuparon.

Y es que, cuando en la Administración Pública de cualquier ámbito territorial, también en el autonómico (regional, sería más adecuado decir); prima un insólito personalismo. Arropado por predominantes intereses privativos y partidistas, encubiertos con la equívoca coartada de la defensa de “lo social” y “lo nuestro”. Y generando una atmosfera clientelar. El resultado suele ser un desaguisado, difícil, muy complicado de arreglar. Probablemente éste sea el episodio de Andalucía.

En estas circunstancias, las extravagancias que se perpetran, con resabios de impunidad, parcialidad y nepotismo; pueden desembocar en el diseño e instrumentalización de tramas y estas, de forma fatalista, en la apropiación o dilapidación de fondos públicos. Con grave perjuicio para el administrado, que termina reponiéndolos vía aumento impositivo o reducción de servicios.

Aunque los descontroles, no son específicos o aquejan a un solo partido político, incidentes hay, en los dos mayoritarios del Estado. Justificar, simplificando de modo voluntarista, la cuestión con el argumento maniqueo de los dos partidos, el bueno, (siempre bondadoso), y el malo, (maligno, antisocial desde su origen y por herencia), es incurrir en una falacia. Dejándose engañar por los que disculpan, por afiliación, tanto los hechos reprobables, como a sus responsables últimos; reconduciendo el tema, hacia las ventajas que les reportan la vehemencia y efervescencia que provocan las convicciones.

Lo que, posiblemente y con todas las reservas, distinga a unos supuestos de corrupción de otros, es el grado de penetración en las instituciones a las que afectan. Su perpetuación y sincronismo con gobiernos de un determinado signo político. La sensación de despotismo e inmunidad que transmiten. Y, por fin, la diferente respuesta disciplinar de los propios partidos, que sustentan a las administraciones en las que surgen. Si, esta, se concreta en la forzada dimisión de los implicados, y su apartamiento del protagonismo político. O se reduce a acusar al adversario de las mismas prácticas, minimizando la importancia y dimensión de las actuaciones corruptas. En síntesis, que la contestación sea seria y ejemplar; o bien, por el contrario, laxa.

Una observación serena, alejada de la intoxicación emocional que produce la ideología, nos debería llevar a reconocer y distinguir las trasgresiones aisladas, esporádicas, fácilmente corregibles por la acción judicial; de aquellas que revisten síntomas e indicios de una descomposición más profunda que, generalizándose, amenaza con contagiar a todo el sistema. Amenazando con alterarlo en lo que se ha llamado “helenización”, por su semejanza con el caso griego. Estas ilegalidades, que revelan, a la vez, el agotamiento de una forma de gobernar, deben ser rechazadas de modo severo, sin tener para con ellas ninguna tolerancia, por su gravedad y trascendencia.

Apartando del poder, por la vía electoral, a aquellos que las han suscitado, favorecido o tolerado. Sin que la empatía ideológica pueda explicar su permisivo sustento.
De lo contrario, caminaremos hacia un abismo socioeconómico de profundidad desconocida. Y puede no ser una ficción que nuestros, ahora, socios europeos en la UE; si se asientan las corruptelas, tal vez, un día, terminarán siendo tan sólo países vecinos; que describirán la corrupción institucionalizada, de manera extensiva e intensiva dentro de un Estado, como “españolización”.

José Antonio Rodríguez

Licenciado en Derecho. Asesor jurídico