SANIDAD. El Sindicato de Enfermería, SATSE Córdoba, ha denunciado que durante 2025 se registraron 173 agresiones al personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la provincia

Según los datos oficiales del Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC) del SAS, del total de agresiones registradas en PONER NOMBRE PROVINCIA durante 2025, 37 fueron de carácter físico y 136 no físicas, como amenazas, insultos o descalificaciones.

Estos datos reflejan la tendencia al alza que SATSE viene denunciando SATSE, insistiendo la organización sindical que más allá de los datos numéricos, existen numerosas agresiones que finalmente no son  denunciadas por los profesionales, en ocasiones por no crispar aún más la relación  con pacientes y familiares, o por  evitar afrontar todo el proceso legal que conlleva la denuncia, por ello es preciso que la Administración arrope y acompañe al profesional agredido en todo el proceso, para que este afronte con mayor seguridad y apoyo un procedimiento administrativo que desconoce.

SATSE destaca especialmente que el personal de enfermería es la principal víctima de las agresiones físicas, concentrando el 45% del total de los ataques de este tipo registrados en Andalucía, un dato que evidencia la especial exposición de enfermeras y enfermeros a situaciones de violencia debido al contacto directo, continuado y cercano que mantienen con pacientes y familiares.

Nuevo máximo

El Sindicato de Enfermería recuerda que 2024 ya fue considerado un año lamentablemente histórico en Andalucía, al contabilizarse 1.866 agresiones, el mayor número registrado hasta entonces, de las cuales 1.504 fueron no físicas y 362 físicas. Sin embargo, los datos de 2025 no solo confirman que la violencia no se ha contenido, sino que empeora, superando nuevamente el récord anterior.

Esta evolución consolida las agresiones como una de las principales amenazas para la seguridad de los profesionales sanitarios en Andalucía, con una tendencia claramente ascendente en los últimos años.

Datos por provincias

Por provincias, SATSE detalla que Sevilla es la que registra el mayor número de agresiones durante 2025, con 569 casos (107 físicas y 462 no físicas), seguida de Málaga, con 310 (66 físicas y 244 no físicas), Cádiz, con 282 (45 físicas y 237 no físicas), Granada, con 201 (51 físicas y 150 no físicas), Almería, con 184 (33 físicas y 151 no físicas), Córdoba, con 173 (37 físicas y 136 no físicas), Jaén, con 162 (29 físicas y 133 no físicas) y Huelva, con 95 (19 físicas y 76 no físicas).

Para el Sindicato de Enfermería, los datos vuelven a reflejar que las acciones violentas de usuarios del sistema sanitario público, o de sus familiares y acompañantes, contra los profesionales en su lugar de trabajo continúan en aumento, convirtiéndose en un motivo de gran preocupación para el conjunto de los trabajadores de la Sanidad pública.

En Andalucía, la violencia y las agresiones de todo tipo —tanto verbales (amenazas, insultos o coacciones) como físicas (empujones, golpes o lesiones)— suponen un grave problema que afecta de manera especial a enfermeras y enfermeros, tanto en hospitales como en centros de salud y atención domiciliaria.

Medidas insuficientes

Para prevenir, proteger y combatir la violencia hacia los trabajadores sanitarios, el Servicio Andaluz de Salud cuenta desde 2005 con un Plan de Prevención y Atención de Agresiones, revisado por última vez en 2020. No obstante, SATSE considera que la sucesión de récords negativos demuestra que las medidas actuales no están siendo suficientes.
Por ello, el Sindicato de Enfermería insiste en la necesidad de seguir implementando medidas preventivas y disuasorias, reforzar la seguridad en los centros sanitarios y avanzar en iniciativas pendientes como la Ley de Autoridad de los Profesionales del SSPA o la reactivación del Observatorio de Agresiones, además de garantizar que, cuando se produce una agresión, el profesional afectado reciba apoyo inmediato, asesoramiento jurídico y acompañamiento institucional, evitando cualquier normalización de la violencia.

Finalmente, el Sindicato de Enfermería concluye apelando una vez más para que se mantenga, en todo momento, una relación de respeto y confianza entre profesionales, pacientes y familiares, motivo por el que continuará con sus campañas de sensibilización y concienciación.

Por su parte, el Sindicato CSIF exige a la Consejería de Sanidad una revisión del plan contra agresiones al personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Según los datos facilitados por la Administración, el año pasado se registraron en los centros sanitarios cordobeses un total de 173 episodios violentos contra los profesionales de la sanidad pública. Son 11 más que en 2024, lo que supone un incremento cercano al 7 por ciento.

La central sindical señala que “la escalada de la violencia contra los trabajadores es intolerable” y, por ello, pide al SAS que dichos datos se trasladen de manera inmediata al foro del Observatorio de Agresiones a Profesionales del SAS para su análisis y posterior puesta en marcha de medidas preventivas de refuerzo. La responsable de CSIF Sanidad Córdoba, Josefa Díaz Ontiveros, también reclama a la Administración “que no deje pasar ni un minuto más para proceder a la revisión del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones, algo que no se hace desde 2020 aunque esté establecido que el plazo máximo es de dos años”.

CSIF, asimismo, recuerda que “la Administración sigue incumpliendo su compromiso de contar con un régimen sancionador contra agresiones, del que aún no hemos recibido ni un primer borrador”. El sindicato señala que “al igual que los responsables al frente de la Consejería cambian, esperamos que la manera de abordar este problema también y el actual consejero impulse medidas reales contra esta lacra presente en nuestra sanidad pública, ya que necesitamos un refuerzo de las medidas disuasorias porque los profesionales no pueden trabajar con miedo”.

Según los datos facilitados en la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, 37 de las agresiones denunciadas en Córdoba en 2025 fueron físicas (21%), mientras que 136 fueron verbales. “Los profesionales deben tener claro que no solo hablamos de violencia cuando es física y que los insultos, faltas de respeto y amenazas también son agresiones”, explica Díaz Ontiveros, quien recalca que el Código Penal protege la integridad de los profesionales de la sanidad, reconociéndolos como autoridad pública e imponiendo penas de prisión y multas a sus agresores.

Del mismo modo, a juicio de CSIF “es importante que la Administración impulse campañas de información y formación para los profesionales y de sensibilización para la población en general”. Según los datos aportados por la Administración, una parte significativa de las agresiones se deben a causas relacionadas con las demandas del usuario y con su desacuerdo con las normas de funcionamiento o tiempos de atención en los centros. “En CSIF tenemos claro que no se puede dejar pasar ni una agresión y por eso realizamos una constante labor de sensibilización”, explica la representante sindical.

El sindicato reivindica que, además de revisar el plan de agresiones y contar con un régimen sancionador, las medidas para acabar con la lacra que supone la violencia contra los profesionales de la sanidad pública también pasan “por reforzar las plantillas en centros de salud y hospitales”. Según subrayó, la falta de personal no es una justificación de las agresiones, pero a nadie se le escapa que contar con más trabajadores supondría una mejora de los servicios que se prestan y ayudaría a rebajar estos episodios”. De igual manera, CSIF apunta a la necesidad de contar con más personal de seguridad en los centros sanitarios como medida de prevención.