JUSTICIA. Según la información recibida desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba, ésta ha manifestado su oposición a la postura del Gobierno de privatizar el Registro Civil y obligar a la ciudadanía a pagar por unos servicios obligatorios (inscripción y certificado de nacimiento, defunción, matrimonio y divorcio, nacionalidad, tutela, actos de última voluntad, etc.) que hasta el momento eran gratuitos, porque eran prestadas por personal público sin ánimo de lucro. De hecho, según los datos de CCOO, sólo en Córdoba, los 500 funcionarios de la Administración de Justicia realizan más de 90.000 trámites judiciales anuales que de tener que pagar supondrían, más de un millón de euros anuales.

Así, CCOO ha criticado la reforma integral de los registros civiles, porque contiene modificaciones radicales para la tramitación de los actos judiciales, hechos y circunstancias que guardan relación con la identidad de las personas y por entregar todas esas actuaciones a los registradores de la propiedad y mercantiles que cobrarán por esos mismos servicios. 

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba, Luis Mena, ha señalado que la aprobación de esta reforma puede estar plagada de “conflicto de intereses”, pues si el Ministerio de Justicia entrega a los registradores, que son fedatarios públicos pero que no cobran de los presupuestos del Estado, sino de los aranceles que pagan los usuarios, la gestión de los registros civiles, se puede plantear, como mínimo, la duda razonable de si el proceso no está viciado desde su comienzo.

Además, se reducirá el número de registros civiles a uno por provincia, y se elimina el Registro Civil Central. Igualmente, los notarios tendrán la competencia de celebración del matrimonio civil, así como de la tramitación del expediente previo y de la escritura pública que será remitida al Registro Civil, por lo que el matrimonio civil deja también de ser gratuito, ha destacado Mena.

El sindicato ha criticado que después de que el Ministerio de Justicia haya gastado más de 128 millones de euros en la modernización e informatización de los registros civiles, se entregue a los intereses privados la gestión y cobro por actos obligatorios. Para Mena, la privatización de los registros civiles es un nuevo recorte social que perjudica, una vez más, a las personas con ingresos más reducidos que van a ver imposible el acceso a la justicia por las tasas y, ahora, por el pago por certificaciones obligatorias que ya pagan con impuestos y aranceles.

La organización sindical se opone, por tanto, a la cesión del Registro Civil y lo considera “un deterioro del servicio público de la justicia”, porque supone desmontar un servicio público gratuito para cedérselo a un colectivo que buscará intereses particulares y beneficios económicos a través del cobro de tarifas que actualmente no existen.