CÓRDOBA.      

Marta Mejías, vicesecretaria general portavoz del PA, Lola de Toro, secretaria general de políticas sectoriales del PA y Marisol Capdevila, Decana del Colegio de Procuradores de Córdoba, han ofrecido en el Colegio de Procuradores de Córdoba esta mañana una rueda de prensa en la que han presentado y entregado a los medios de comunicación el texto de apoyo a la procura, motivado el mismo por el anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales.

Comenzaba la rueda de prensa, Marisol Capdevila, Decana del colegio de Procuradores, en el que leía las reivindicaciones del cuerpo de procuradores, “este anteproyecto elimina la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura, generando un conflicto de intereses, dado que las funciones de abogado y procurador son totalmente diversas. El abogado persigue el exclusivo interés de su cliente, mientras el procurador representa a este pero como colaborador de la Administración de Justicia” y continuaba “se elimina los aranceles, a excepción de cuando actúan como Agentes de la Autoridad, justificando así el anteproyecto como medida económica para abaratar el proceso, lo cual no va a suceder, el arancel implica una garantía para los consumidores y usuarios, cumpliendo así un fin social, ya que los precios están fijado y moderados por el legislador”.

Lola de Toro, secretaria nacional de políticas sectoriales del PA, hacía un resumen del texto presentado y argumentaba el apoyo a este colegio profesional por: “es una nueva e inadmisible injerencia del Ejecutivo en el Legislativo, rompiéndose la deseable independencia y separación de Poderes. De seguir adelante y aprobarse, afectaría a una profesión que integra y ocupa a 1.800 procuradores andaluces con más de 70 empleados de los diferentes colegios de Andalucía y un número indeterminado de andaluces empleados en los despachos entre auxiliares y oficiales habilitados. El PA, muestra disconformidad porque la intercambiabilidad de las profesiones de abogado y procurador perjudica la agilización en el trámite de los procedimientos judiciales, causando mayores retrasos, si cabe, en la resolución de los expedientes, resultando perjudicados la ciudadanía. Por el conflicto de intereses, que requeriría una reestructuración profunda sobre todo en jurisdicción civil y contencioso-administrativo. El ejecutivo está priorizando nuevamente el “supuesto ahorro” frente a la efectividad y buen funcionamiento de todo servicio que ha de garantizarse al ciudadano, puesto que este lo sufraga con sus impuestos”.

Finalizaba la rueda de prensa Marta Mejías, vicesecretaria general portavoz del PA, “los andalucitas exigimos al Estado y al gobierno andaluz una Justicia independiente, eficaz y con todas las garantías para los andaluces. Eficaz e independiente son elementos indispensables para las garantías reales frente a la justicia. No se puede tener una justicia y administración transparente si las políticas van continuamente dirigidas a reducir efectivos, humanos, materiales y económicos, como es este caso. Con esta medida la ciudadanía no tendrá ahorro porque las gestiones siguen siendo las mismas, los asuntos se alargarán aún más. Y los andalucistas queremos recordar que, es esta una de las profesiones que cuenta entre sus colegiados con un gran número de mujeres. Por lo que este anteproyecto afectará a más de mil procuradoras, más empleadas, habilitadas, etc.” El PA, va a seguir denunciado y apoyando todas aquellas reivindicaciones en el ámbito de la justicia que retroceda en las garantías de los y las andaluces como ya hicimos y seguimos con las tasas judiciales”